El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón manifestó ayer que las medidas que se adoptaron durante la investigación del caso Gürtel estuvieron “dentro de la más estricta legalidad” y fueron controladas, además de judicialmente, por el Ministerio Fiscal.
Garzón hizo estas declaraciones en Valencia al ser preguntado por la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso Gürtel y la intención del Colegio de Abogados de Madrid de querellarse contra él y los fiscales que actuaron en esta intervención. “Dentro de las más estricta legalidad se tomaron una serie de iniciativas, y el control judicial fue acompañado del control de Ministerio Público, por tanto respeto las iniciativas que se puedan tomar, y cuando llegue el momento pienso quedarán las cosas perfectamente claras y diáfanas”, manifesto el juez.
Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales respaldaron ayer, en términos generales, la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y de las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura en la investigación del caso Gürtel frente al anuncio realizado el miércoles por el colegio madrileño, que interpondrá una querella contra todos ellos por las escuchas ilegales que, a su juicio, sufrieron varios de los abogados.Es su reacción al anuncio realizado el miércoles por el Colegio de Abogados de Madrid, que interpondrá una querella contra todos ellos por las escuchas ilegales que, a su juicio, sufrieron varios abogados de los imputados en este caso, entre ellos los de los presuntos cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.
El más contundente en sus afirmaciones fue el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, para quien la intención del Colegio de Abogados de querellarse contra el juez Garzón es "totalmente gremialista, infundada y corporativista" y podría "incidir de una manera totalmente injustificada en la instrucción actual" del caso Gürtel.
En declaraciones a Europa Press, Sexmero defendió que un colegio de abogados "tiene que mantener unas alturas de miras muy diferentes". "Una cosa es que defienda los intereses de los profesionales y que cuando se le solicita amparo lo otorgue, haciendo las declaraciones públicas que ya ha hecho, pero de ahí a poner una querella criminal supone una interferencia en la instrucción", afirmó.
