El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió ayer a prisión a uno de los tres abogados detenidos el pasado miércoles en la provincia de Málaga por blanquear dinero para la mafia rusa Tambovskaya-Malysevskaya, y dejó en libertad a los otros dos.
Tras tomarles declaración a lo largo de la mañana, el magistrado decretó la prisión provisional para Kiril Illine Yudashev, al que imputa los delitos de blanqueo de capitales y de "estar integrado en las organizaciones criminales que se investigan en la causa", que fue desmantelada en junio pasado en la Operación Troika.
Además, dejó en libertad con medidas cautelares a Francisco Eloy Ocaña Palma, al que impuso una fianza de 10.000 euros, y Antonio de Fortuny Maines, de 76 años, que tendrá que comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a su domicilio.
Según tres autos que fueron comunicados tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, Yudashev, "siguiendo las instrucciones" de los líderes de la organización y en especial de Sergei Kouzmine, desarrolló "una actividad fundamental para el mantenimiento de la dinámica delictiva" del grupo.
Para ello, ordenaba "las acciones pertinentes a desarrollar" a personas y estructuras societarias españolas y extranjeras, en su mayoría de nacionalidad rusa.
En el marco de esta operación, Garzón decretó, el pasado 17 de junio, la prisión incondicional de 13 detenidos, a quienes se les imputaron la comisión desde 1998 de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento oficial y simulación de contrato.
Según el magistrado, todos ellos estarían vinculados a la organización criminal Tombovskaya-Malysevskaya, en la que componían "una estructura subjetiva en la que los principales dirigentes habían sido incluso compañeros de banda en su juventud, compartían responsabilidad y se repartían la estructura de poder".
Con el objetivo de incrementar su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir "sin problemas" en España o auxiliar a otros delincuentes, los acusados empleaban sus contactos y sus actividades lucrativas para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial".
La mayoría, con antecedentes penales en Rusia y otros países, cometieron asesinatos, extorsión, estafa, tráfico de influencias, contrabando, tráfico de drogas, palizas por encargo y amenazas. Contaban además con un equipo de asesores que canalizaban todos los fondos alcanzados mediante sus actividades criminales
