El juez Baltasar Garzón ha encontrado indicios contra uno o más aforados en la investigación de una presunta trama de corrupción ligada a cargos del Partido Popular que dependerían de un tribunal distinto de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
Este indicio se desprende de una providencia notificada el viernes con la que inicia los trámites para inhibirse del caso Gürtel. En esta resolución, para cuya notificación el magistrado alzó parcialmente el secreto de las actuaciones, Garzón ordena al servicio de reprografía que le haga tres copias de la causa.
Dos de ellas serán remitidas a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y Valencia, donde la Fiscalía Anticorrupción ya le ha pedido que se inhiba por haber aforados de estas comunidades autónomas. Uno de ellos, según adelantó el pasado jueves el diario El País, podría ser el presidente de la Generalita valenciana, Francisco Camps. La tercera copia podría ir destinada al TSJ de otra comunidad autónoma o al Tribunal Supremo, de ser el o los nuevos aforados diputados nacionales o senadores.
El magistrado pidió las copias "con carácter urgente" "para resolver lo oportuno sobre la inhibición" cuando la Fiscalía Anticorrupción responda a dos oficios que el magistrado le remitió los días 18 y 19 "en relación con las personas aforadas". Fuentes fiscales informaron a Efe de que, en uno de esos oficios, Garzón pregunta al Ministerio Público si, mientras se resuelve la inhibición, él puede seguir con las diligencias o debe cesar en las mismas.
A este respecto, el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "entretanto no recaiga decisión judicial firme" sobre la inhibición, el juez que la haya acordado "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".
El pasado jueves, Anticorrupción pidió al juez que deje de investigar el caso Gürtel porque, según los indicios que obran en la causa, "la investigación de la totalidad de aquella recaería en el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de Valencia".
Aunque ni el juez ni la Fiscalía han hecho públicos los nombres de los aforados, fuentes de la investigación han informado de que entre ellos figura el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y actual diputado autonómico Alberto López Viejo, al que se atribuye un papel "central" en la trama que justificaría que la causa pasara al TSJ madrileño.
Además, los diarios El País y El Periódico de Catalunya publicaron ayer viernes que el resto de los aforados de Madrid son los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch y que los de Valencia son el ya mencionado presidente de la Generalitat Francisco Camps y otra persona sin identificar.
Respecto a la inhibición de Garzón, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, aseguró que si en la presunta trama de corrupción existe alguna persona aforada y el magistrado no se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, se podría estar "pasando una línea roja muy importantes, que es la prevaricación", aseguró. "Al presidente de la Generalitat solamente lo puede investigar el TSJCV. Por tanto, yo hubiera delegado en el órgano competente porque podría incurrir en prevaricación", dijo, y señaló, en esta línea, que de no inhibirse, debería emitir un comunicado para asegurar que "no hay ningún aforado imputado".
El PP amenaza denuncia. Quién tampoco está de acuerdo con que Garzón siga al frente del caso es el PP. El principal partido de la oposición decidió ayer viernes dar de plazo hasta el próximo lunes a Garzón para inhibirse en la instrucción de la causa. "A partir del domingo debe soltar la causa", aseguró ayer el responsable de Justicia de los popualres Federico Trillo, quien insistió en que, si no lo hace, su partido presentará una querella contra el juez por prevaricación.
En un encuentro informativo en el Congreso, Trillo hizo hincapié en que Garzón debe seguir las indicaciones que le ha dado la Fiscalía Anticorrupción. El pasado miércoles, el Ministerio Público ya dejó claro, según subrayó Trillo, que el juez está investigando "sin competencia" y que tiene que inhibiese en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por existir "algún imputado aforado", con independencia de que parte de la investigación pueda derivarse también al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Por ello, el Partido Popular, continuó Trillo, entiende que es "razonable" que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional dedique unos días a redactar ese escrito de inhibición y también, si lo cree necesario, que adopte diligencias para el aseguramiento de las pruebas y los testigos, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
