Greenpeace ha cuestionado la fiabilidadilidad de las revisiones realizadas a las personas potencialmente afectadas por el escape de la central nuclear de Ascó (Tarragona), por considerar que las mediciones de contaminación radiactiva en personas se han hecho tarde (cinco meses después de la fuga), y además se desconoce si se ha usado la metodología adecuada.
Estos factores evidencian, a su juicio, la voluntad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de dar carpetazo al accidente sin investigar en profundidad.
El investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC en Barcelona Eduard Rodríguez Ferrer, que acompañó a la ONG, ha recomendado realizar nuevos estudios. "No sabemos qué criterio ha utilizado el CSN para decidir quién debe pasar la revisión y quién no", ha asegurado este experto en la radiactividad sobre la salud.
