El portavoz del Gobierno, ayer en rueda de prensa en San Telmo
El Gobierno andaluz solicitó ayer formalmente al Parlamento la celebración del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebrará posiblemente los días 26 y 27 de junio. La cita enfrentará al presidente andaluz, José Antonio Griñán, a un balance de sus primeros 14 meses de gobierno en coalición con Izquierda Unida. La nota remitida por el Ejecutivo a la Cámara autonómica admite que el paro es el principal problema de la comunidad y aunque señala datos positivos en abril y mayo, la Junta señala que tiene los pies en el suelo y sin ningún tipo de triunfalismo.
El Debate sobre el Estado de la comunidad se celebrará a finales de este mes y sobre la mesa el Gobierno acumula un año largo de gestión marcados por los recortes y los duros ajustes presupuestarios, que obligaron a descontar 2.700 millones de euros en el primer semestre de Gobierno. Después, la coalición de PSOE e IU atravesó un año desértico en la gestión que ellos mismos calificaron como de superviviencia o resistencia, frente a las políticas de severa austeridad impuestas desde La Moncloa. Solo en los últimos meses, la Junta ha tomado resuello y ha presentado varias inciativas legislativas, con polémica la oposición denuncia que solo buscan titulares y resultan más efectistas que efectivas y con recorrido nacional.
En su balance, el Ejecutivo autonómico valora que Andalucía se ha situado en la vanguardia con el decreto contra los desahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos y multas a los pisos vacíos. También se refiere al decreto contra la exclusión social, que garantiza tres comidas al día a los niños con más necesidades en los comedores escolares y prevé también un plan de empleo para parados de larga duración con los ayuntamientos como empleadores. El Gobierno defiende que ha hecho un duro ejercicio de resistencia para mantener los servicios públicos y proteger la sanidad y la educación públicas, así como la dependencia. En su haber, sitúa también una ley de transparencia que queda meses para que sea aprobada.
El Gobierno andaluz obvia otro de los grandes asuntos de la actualidad en el último año, la instrucción judicial del caso de los ERE, el, aún presunto, mayor fraude de corrupción en Andalucía. El portavoz, Miguel Ángel Vázquez, solo acusó al PP de aferrarse al caso para sacar rédito electoral o para tapar su corrupción.
