El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, telefoneó el miércoles a Mariano Rajoy dos veces. Fue después de comparecer ante los medios para anunciar, en tono crítico, que el techo de deuda impuesto por el Gobierno a Andalucía obligaría a cerrar todos los hospitales públicos, la mitad de los colegios o a despedir a uno de cada cuatro empleados de la Junta (unos 60.000). El Gobierno andaluz volvió a comparecer ayer para insistir en las consecuencias catastróficas que tendrían los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para los servicios públicos fundamentales, pero hubo una clara intención de rebajar la tensión del día anterior, cuando el vicepresidente Diego Valderas tildó la situación de "declaración de guerra económica" .
La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, recalcó que Griñán y Rajoy comparten la voluntad de "mantener abierta la vía de diálogo" para buscar una "solución" que permita "reconsiderar los acuerdos adoptados" el martes, que son "discriminatorios y lesivos para Andalucía". También la Consejería de Hacienda está en conversaciones con el Ministerio de Cristóbal Montoro en una clara apuesta por "la cooperación institucional con el Gobierno". No se dieron más detalles. De momento, la Junta compaginará ese diálogo con la apertura de otro frente judicial, igual que el Ministerio de Hacienda esgrime la "cooperación" junto a advertencias directas de intervenir las cuentas autonómicas o retirar competencias a las comunidades "insumisas", como señaló el miércoles la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.
El Consejo de Gobierno, reunido ayer en sesión extraordinaria tras la convulsa sesión del Consejo de Política Fiscal, acordó encargar al gabinete jurídico un estudio sobre todos los recursos judiciales posibles para frenar los acuerdos alcanzados en dicha reunión. Principalmente el que obligará a rebajar el techo de deuda para Andalucía en 1,9 puntos del PIB regional en 2013 (del 15,1% al 13,2%), lo que supone contar con 2.735 millones menos el año que viene. La Junta explora tres vías judiciales contra el Gobierno: primero un requerimiento previo de nulidad, para dejar sin efecto los acuerdos del Consejo de Política Fiscal; segundo un Contencioso Administrativo para obtener la suspensión cautelar, y por último, si finalmente los acuerdos se traducen en una ley de Gobierno, serían recurridos ante el Constitucional.
Andalucía recurrirá a los tribunales y Cataluña no lo hará. Ambas regiones se rebelaron en el Consejo de Política Fiscal, la primera dio un portazo después de media hora de reunión, la segunda ni siquiera acudió al considerar que el Gobierno había pactado el día antes con los barones del PP los acuerdos que iban a refrendarse. Sin embargo, la situación catalana no es la andaluza. A las dos les irrita que el Ejecutivo central se haya negado rotundamente a compartir con las comunidades el margen que la UE concedió a España para cumplir con el objetivo de reducir el déficit. Pero es el techo de deuda lo que ha empujado al Gobierno andaluz a elevar el tono hasta cotas dramáticas, pronosticando el cierre de hospitales y escuelas públicas, si Rajoy no da marcha atrás y revisa el tope de endeudamiento impuesto a Andalucía.
El Gobierno ha calculado el límite de deuda de las regiones con una regla homogénea, pero la Junta lo considera injusto y discriminatorio porque el resultado "beneficia" a las más endeudadas, y "castiga" a las que, como Andalucía, tiene una deuda inferior a la media. "Se ha usado el mismo patrón que con la amnistía fiscal: a quien lo hace mal se le premia y a quien lo hace bien se castiga", dijo Díaz. Por ello, a Cataluña se le aumenta el techo de deuda de 21,3 al 23,5% del PIB, lo que le permite disponer en 2013 de 4.259 millones más, mientras que a Andalucía se le rebaja del 15,1% (fijado en plan de ajustes aprobado en mayo por el Gobierno) al 13,2%, unos 2.735 millones menos de disponibilidad presupuestaria. Montoro sostiene que el PIB de Cataluña es más robusto y crece a más ritmo que el andaluz.
