"Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Ésta es una de las frases que se han podido escuchar de la boca de Francisco Javier Guerrero, el exdirector de general de Trabajo de la Junta, y principal implicado en la supuesta trama de los ERE, que pidió suspender la declaración sobre las 19.45 horas porque "estaba cansado y necesitaba aclarar algunas ideas", ante la juez Alaya. Guerrero lo había dicho, iba a "tirar de la manta" y así parece que lo está haciendo.
Esta mañana señaló a varios cargos de la Junta, entre ellos, el expresidente Manuel Chaves, el presidente José Antonio Griñán, a los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y los de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, esta tarde ha asegurado ante la jueza que él informaba de todas las ayudas y de las personas que se acogían a ellas en el Consejo de Dirección de la Consejería de Empleo. Una reunión a la que asistían "consejeros, viceconsejeros y delegados provinciales", sin que "ninguno de ellos pusiera reparos".
Además, Guerrero ha dicho que recibió "un documento con indicaciones" del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves para que "solucionara sí o sí" el conflicto laboral de Bilore, ya que Chaves tenía al día siguiente un acto político. Asimismo, sobre el exviceconsejero Agustín Barberá, al que la jueza imputó la semana pasada, ha dicho que le dio indicaciones para que incrementara en 26 millones de euros las ayudas para solucionar el conflicto de la industria naval de Cádiz.
Fuentes del caso también han explicado que Guerrero ha dado a entender a la jueza que en la Consejería de Empleo se han destruido documentos, porque cuando él estaba "todos los expedientes estaban completos" y que "los que hay en la causa no tienen nada que ver".
El exdirector general de Trabajo también ha trasladado a la magistrada que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", por ejemplo "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia", ha detallado.
La jueza Mercedes Alaya ha imputado al exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, el principal implicado en la investigación por las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), por los delitos continuados de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, dos delitos de falsedad documental en documento oficial y falsedad en documento mercantil.
Seis delitos que se extraen de un relato de hechos, cuya lectura ha llevado a la magistrada casi una hora y cuarto y que recopila todas las irregularidades detectadas hasta ahora, incluidas la compra de cocaína con dinero público. Guerrero se sometió ya a las preguntas de la jueza tras ratificarse en su declaración policial, que ha solicitado ampliar.Durante esta larga hora, tras la que se ha celebrado el primer receso, Alaya ha realizado un detallado y extenso relato de todas las irregularidades detectadas en los ERE así como de todas las ayudas públicas otorgadas a empresas.
Según la jueza, Guerrero "conocía" la introducción de todos los intrusos en los ERE destacando además que todas las ayudas otorgadas fueron a ayuntamientos gobernados por el PSOE" y a "personas vinculadas al partido", según fuentes del caso.
La magistrada ha realizado una minuciosa descripción de todas las ayudas firmas por Guerrero especialmente a las de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. En este punto ha hecho mención a las empresas del hijo del ex alcalde de El Pedroso, José Enrique Rosendo, y José María Sayago (ambos ex concejales socialistas) del municipio, que percibieron 29 millones de euros.
Sin embargo, la jueza no se ha referido al ex consejero de Empleo y actual diputado, Jose Antonio Viera, y a ningún otro cargo político pese a que Guerrero dijo en su declaración ante la Guardia Civil que Viera tenía especial interés en que las empresas de la Sierra Norte recibieran estas ayudas.
La jueza ha terminado su relato recordando la declaración del chófer de Guerrero asegurando que "tras terminar su jornada laboral a las tres de la tarde", ambos se iban a bares de copas y "donde se gastaron parte del dinero de las ayudas públicas en cocaína y alcohol", un extremo que Guerrero ha negado con la cabeza.
