El director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, ambos en prisión e imputados dentro de la investigación por las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, disponen de diez días para designar los bienes de su propiedad a embargar tras no abonar ninguno de ellos la fianza que le impuso la juez Mercedes Alaya en concepto de responsabilidad civil.
En una diligencia de ordenación dictada este mismo lunes, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, transcurrido el plazo concedido a tal fin, ni Guerrero ni Trujillo han abonado las fianzas que le fueron impuestas por la magistrada, que en el caso del exalto cargo ascendía a 686.190.683,36 euros y en el del exchófer a 2,3 millones de euros, ni tampoco han señalado los bienes a embargar.
Por este motivo, concede a ambos un plazo de diez días "para que, a través de sus representaciones procesales, designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo por las cantidades mencionadas, con expresión en su caso de las cargas y gravámenes", haciendo referencia además a que señalen, en su caso, si los inmuebles "están ocupados", precisando en caso afirmativo "por qué personas y con qué título".
En este sentido, advierte de que, si en el plazo concedido no informaran sobre todo lo anterior, "se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargos".
En el caso de Guerrero, éste ya alegó que "no tiene para hacer frente" a la fianza y que "tiene un piso en El Pedroso de su propiedad con una hipoteca", a lo que se suma que mantiene régimen de separación de bienes respecto a su esposa, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.
Hay que recordar que, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se impusiera al imputado una fianza de 933 millones de euros, la magistrada decidió rebajarla a 686 millones, fianza que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público".
