El enésimo debate parlamentario sobre el caso de los ERE, que investiga irregularidades en las ayudas a empresas en crisis, transcurría ayer entre argumentos repetidos sobre la colaboración con la jueza de la que presume la Junta y las críticas del PP por el caos, desorden y carácter incompleto de la documentación remitida que la propia magistrada, Mercedes Alaya, ha denunciado en sus autos. Sin embargo, el interés se elevó cuando el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, interrogó al consejero de Empleo, Manuel Recio, por la supuesta dimisión del interventor delegado de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que vinculó a "presiones" del viceconsejero de este departamento por sus informes discrepantes con algunos expedientes de ayudas concedidas. Desde Economía reconocieron que el interventor pidió hace una semana "ser relevado de sus responsabilidades" alegando "motivos personales" pero tras hablar con el viceconsejero de Hacienda y la interventora general, de quienes depende, se replanteó su marcha y actualmente sigue en su puesto. Fuentes de Economía negaron "rotundamente" cualquier vinculación en este planteamiento con la trama de los ERE frente a las sospechas vertidas por el PP. Cabe recordar que en este caso una de las cosas que se investiga es por qué para la concesión de ayudas a empresas en crisis la Junta mantuvo un procedimiento contra el que advirtió la Intervención de Hacienda en tres informes. Además, en las últimas semanas la Consejería de Empleo -centro de la presunta trama por la que están imputados el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, y el exconsejero Antonio Fernández- ha sufrido varias dimisiones por "motivos personales", entre ellas la de la directora general del Servicio Andaluz de Empleo, dos directores generales y el jefe de gabinete de Recio.
