Tanto el presidente de AMHyJA, Rafael López, como María del Carmen España, historiadora y representante de las familias, insistieron en que ahora lo importante es la identificación. El primero fue claro: "Queremos las exhumaciones porque las familias tienen derecho a que se haga, pero también para que sirva de denuncia pública de lo que hay en la fosa común y que a mucha clase política y sociedad civil no le interesó". También avisó de que este informe, y el anterior, "van a ir al fiscal y al juez" porque para ellos "tienen la consideración de crímenes de lesa humanidad".
La representante de las familias, por su parte, destacó que el pasado 30 de junio se le solicitó ayuda a la Diputación de Sevilla y también las pruebas de ADN para que las asuma la Consejería de Salud. "Nos corre prisa porque muchos familiares ya son octogenarios, pero no nos han contestado", reprochó, y criticó la Ley de Memoria Histórica "porque carga todo el peso que deberían tener la Junta de Andalucía y Estado en las asociaciones". Para apostillar: "Se impulsan los monolitos, que para muchos de nosotros no tienen sentido, cuando lo que queremos son exhumaciones y pruebas de ADN".
La dificultad de esta fosa común es su profundidad, de más de cuatro metros, al estar en una antigua cantera, y que encima de ella se encuentran dos osarios, edificaciones más modernas del propio cementerio e incluso una parte importantes puede encontrarse bajo los nichos.
La arqueóloga Eleva Vera, responsable de la exhumación, hizo un recorrido por el tipo de enterramiento y el estado en que se encontraron los cuerpos, "unos arrojados y otros colocados en la fosa común, entierros individuales y colectivos de hasta seis personas, la gran mayoría tienen orificios de bala en los cráneos o en el abdomen, con fracturas en brazos y en muñecas y con restos de semillas" lo que les hace suponer que fueron ajusticiados entre julio y septiembre de 1936. El duro trabajo seguirá cuando obtengan más subvenciones.
