En octubre pasado salió a la luz que el Interventor municipal había emitido varios informes en los que ponía «reparos» a las contrataciones del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) para el Festival de Cine Europeo y la historia vuelve a repetirse. A finales del pasado año, dicho funcionario encargado de velar por que en el Ayuntamiento los contratos y los gastos se hagan de acuerdo a las leyes volvió a cuestionar el procedimiento de contratación. Sin embargo, el pasado viernes, el consejo de administración del ICAS dio luz verde a dichas «convalidaciones de facturas» vía comunicaciones oficiales, es decir, por un procedimiento que impide la fiscalización, el análisis y el debate por parte de los miembros de los partidos de la oposición.
En concreto, se trata de un paquete de facturas por 114.033 euros relacionadas con la décima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla en los que se engloban contratos para la inserción publicitaria en una página web, el arrendamiento de las salas del cine Plaza de Armas, Alameda y Avenida Cinco Cines y servicios de iluminación para el montaje de actos de dicho festival. Además, también consta un contrato para la limpieza de mantenimiento diario del espacio Santa Clara durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014, así como una factura de 221,5 euros por la reproducción de las obras de Santas Apolonia y Lucía para la edición del catálogo de la exposición Santas de Zurbarán: Devoción y Persuación pagados a los museos del Louvre de París y el de Bellas Artes de Chartres, con los derechos de reproducción de dichas obras.
Ante estos contratos, los informes del Interventor municipal apuntan que no se acredita «la justificación el precio y la promoción de la concurrencia en la forma que se establece la Instrucción 5.3 de la Contratación del ICAS» y que el procedimiento de contratación es «inadecuado».
Los gastos de arrendamiento de las salas de cines se realizaron «sin la previa y preceptiva aprobación de los gastos por el órgano de contratación» y «tampoco acreditan la justificación del precio y la promoción de la concurrencia», según el alto funcionario municipal que también apunta en algún caso que el expediente «no ha sido sometido a la fiscalización previa».
Sin embargo, fuentes municipales negaron que existan anomalías en estas contrataciones y remarcaron que se tratan de «simples convalidaciones de facturas».
Por contra, el Interventor también puso pegas a otras facturas, como la de un contrato de asesoramiento fiscal por importe de 13.068 euros y otro paquete relacionado con los servicios del teatro Lope de Vega, como publicó ayer este periódico. En estos casos también afirma que «los gastos fueron sin la previa y preceptiva aprobación por el órgano de contratación» y que el procedimiento es «inadecuado».
Lo cierto es que el Interventor está cuestionado la forma de contración del ICAS sin que haya una respuesta clara del propio Ayuntamiento, pese a las críticas de grupos de la oposición como Izquierda Unida, que ha lamentado la falta de fiscalización de las cuentas del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
Sin embargo, el Gobierno de Juan Ignacio Zoido sí está aplicando a rajatabla otros informes del Interventor municipal en el que también pone «reparos» a su gestión. Un claro ejemplo es la paralización de las escuelas taller tras la advertencia del funcionario. Éste apuntó que el Ayuntamiento ya no tiene competencias en materia de empleo tras la reforma local del Gobierno central, por lo que rechazó las contrataciones previstas para poner en marcha tres escuelas taller, decisión que tampoco casa con el plan de ajuste en marcha que impide nuevas contrataciones.
