Un vertido bajo control: esa es la estrategia con la que el Gobierno húngaro trata de evitar que una nueva fuga de lodos tóxicos tenga los mismos efectos que la que el lunes dejó siete muertos.
Tras varias jornadas de incertidumbre, el Gobierno reconoció ayer la situación de la balsa de residuos tóxicos de Ajka, al dar prácticamente por seguro que sus "muros dañados van a desmoronarse", indicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Zoltán Illés, aunque no es posible prever cuándo se romperá del todo, ya que tiene una fisura de 15 metros y varias grietas menores.
Se espera que hoy esté concluido el dique de contención que se levanta a marchas forzadas, con 40.000 toneladas de rocas y tierra y 600 metros de largo, 25 de ancho y cinco de altura.
Illés insistió en que esta obra es sólo una medida de precaución ya que "no llegaría a ser alcanzado por una hipotética segunda ola (de lodos), que se movería más lentamente porque estaría más seca", pues los 2,5 millones de lodos que quedan en la balsa son más densos, al haber perdido la superficie líquida.
Illés aseguró que "la gente no corre ningún peligro en absoluto", aunque reconoció su "temor" ante otro riesgo: la rotura de una segunda balsa junto a la dañada con 50 millones de metros cúbicos de líquidos y residuos generados en la fabricación de aluminio. Para reducir el riesgo, ya se está bombeando agua.
Frente a las denuncias ecologistas -WWF reveló imágenes de junio que ya revelan filtraciones en la balsa- el Gobierno insistió en cargar la responsabilidad del desastre a la empresa dueña de la balsa, la metalúrgica MAL que si inicialmente negó cualquier responsabilidad, ayer pidió oficialmente disculpas.
