El Juzgado de Instrucción número dos de Granada ha imputado a cuatro responsables y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Granada tras una querella motivada por supuestas actividades irregulares en la contratación de distintas obras del organismo por parte de varios funcionarios.
La juez citó a declarar como imputados a F.G.C., jefe de Servicios de Proyectos y Obras, y a los técnicos y funcionarios M.O.J., J.A.U.G y E.S.R. por estafa, cohecho, malversación, fraude y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, según los autos a los que tuvo acceso Efe.
El querellante -un funcionario de la Confederación- acusó inicialmente al jefe de Obras, aunque tras la declaración judicial de éste, la jueza estimó llamó a declarar como imputados a los restantes por considerar que de la comparecencia del primero se desprendían afirmaciones que imputaban a sus ingenieros ayudantes.
La acusación fundamental versa sobre diversas prácticas prohibidas a los funcionarios y penadas por el Código Penal que los imputados habrían cometido en relación a diferentes obras de mantenimiento de embalses y presas de Granada.
Tras una adjudicación formal de unas obras, los imputados, según la acusación, habrían solicitado a la empresa adjudicataria -que actuaría "de pantalla"-, cheques en blanco para suplantarla y gestionar ellos mismos el dinero destinado a la subcontratación de los trabajos con otras entidades.
Están acusados de haber intervenido directamente en la subcontratación de obras y servicios a expensas de la empresa adjudicataria, asumiendo como funcionarios las tareas empresariales, con lo que también obtendrían algún beneficio a través de "artificios contables".
Con dichas prácticas, según la acusación, liquidaban los gastos de las obras y afirmaban haber ejecutado mejoras que realmente no se llevaron a cabo para apropiarse así de las cantidades supuestamente gastadas.
Aunque F.G.C. señaló en su declaración que en ningún momento intervino en la tramitación, ejecución y control del contrato con una empresa, admitió que los ingenieros imputados solicitaron a la mercantil la entrega de varios cheques en blanco para posteriormente cumplimentar dicho documento. En la ampliación de la querella, según Efe, se explica que esta actividad sería "a todas luces ilegal", un aspecto al que también se refiere el propio Ministerio de Medio Ambiente en un documento de información reservada.
