La jueza saliendo con gafas de sol tras 24 horas en el juzgado.
Varios imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, entre los que se encuentran el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual o el dueño de Uniter, José González Mata, han solicitado a la juez Mercedes Alaya que levante ya el secreto de sumario que pesa sobre la causa desde noviembre de 2012, pues, en el caso del primero, entiende que "se está produciendo toda una investigación desde hace más de un año a las espaldas" de los imputados.
En un escrito, consultado por Europa Press, el abogado del exdirectivo de Vitalia, actualmente en prisión provisional, recurre el auto de 30 de abril por el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla prorrogó el secreto parcial de las actuaciones, todo ello a fin de que se revoque la medida y se levante el secreto acordado "sobre la totalidad de lo actuado". El letrado asevera en el recurso de reforma que "el presente es un ejemplo paradigmático de perversión de la facultad excepcional de acordar el secreto de actuaciones", ya que "la indefensión que se está causando" a Eduardo Pascual "es total y absoluta".
"Eduardo Pascual hace más de un año que viene leyendo en prensa diferentes imputaciones que en el seno del presente procedimiento se vienen vertiendo contra el mismo", pero "sin embargo a día de hoy no tiene esta parte conocimiento de lo que viene actuándose, al parecer, desde el año 2011", añade el abogado defensor.
"FLAGRANTE VULNERACIÓN" DEL DERECHO DE DEFENSA A su juicio, "se está produciendo una flagrante vulneración del derecho de defensa", pues "se están acordando toda suerte de decisiones, sin que las defensas de los imputados puedan combatirlas con todas las garantías".
Así, "no sólo se están acordando gravosas medidas cautelares de carácter personal --prisión provisional--, sino que se están realizando pronunciamientos sobre la eventual responsabilidad civil que se derivaría del presente procedimiento, acordándose medidas cautelares de carácter civil en la que se entra en el fondo de cuestiones fácticas y jurídicas que las partes difícilmente pueden atacar".
En definitiva, prosigue el escrito presentado por Eduardo Pascual, "se está produciendo toda una investigación desde hace más de un año a las espaldas de los imputados, situación que difícilmente casa con el derecho de defensa y, en suma, con un Estado de Derecho".
"INSTRUMENTALIZACIÓN" DEL PROCEDIMIENTO También dice el abogado que "no es comprensible" que, "a pesar del teórico secreto de actuaciones, esta parte vaya conociendo diferentes aspectos de las imputaciones a través de los medios y de páginas web de partidos políticos", lo que, "además de patentizar una instrumentalización del presente procedimiento, pone de manifiesto la innecesariedad real del secreto de actuaciones".
Este secreto, añade, "viene administrándose a través de los medios de comunicación con parámetros que parecen escapar del binomio buen fin del proceso-derecho de defensa".
Eduardo Pascual fue detenido e ingresó en prisión el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Dentro de la operación 'Heracles', y además de Pascual, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión de los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín y María Vaqué; del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas; de su cuñado, Ismael Sierra, y del presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real.
A todos ellos los mandó la magistrada a prisión sin fianza a excepción del supuesto 'testaferro' y del cuñado de Juan Lanzas, a quienes impuso una fianza de 50.000 euros que fue abonada por éste último para abandonar la prisión.
