El alcalde de Estepa, Miguel Fernández, el primer teniende de alcalde, Luis Martínez, y el concejal de servicios generales, Antonio Javier Jurado, los tres andalucistas, tendrán que declarar el próximo 10 de junio en calidad de imputados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa. El hecho por el que tendrán que declarar, según un comunicado del PSOE, es la supuesta paralización «arbitraria» de las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos en junio de 2011.
Según el grupo socialista, este recinto municipal quedo «intencionadamente inconcluso al destinar por decreto, personal de esta obra a otras labores del Consistorio con el fin de agotar el dinero de la partida, y poder así justificar los despidos que realizó en esa época». Asimismo, el PSOE señala que estos hechos provocaron el «incumplimiento del plazo propuesto en el proyecto y que fue objeto de subvención por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, motivo por el cual la administración ha solicitado el reintegro de la ayuda, más intereses».
Ante las acusaciones y la llamada judicial a declarar, el Ayuntamiento de Estepa emitió ayer un comunicado en el que sostenía que los hechos por los que se imputan al alcalde «carecer absolutamente de consistencia». Pese a la denuncia interpuesta por el grupo socialista, el Gobierno local ve en esta citación una oportunidad para explicar «la correcta actuación durante su mandato». Estas afirmaciones se sustentan en que cuando el grupo andalucista llegó a la alcaldía las obras de la Plaza de Abastos que se iniciaron durante el mandato socialista de Juan García Baena «carecían de proyecto y no contaban con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio».
En relación al reintegro de las subvenciones de la Junta, que asciende a 630.000 euros, el Ayuntamiento critica que tenga que devolver dichas ayudas «mientras que las obras en la Plaza de Abastos están ejecutadas solo al 33%». Según el Consistorio, el anterior gobierno contrató personas «en muchos casos sin cualificar», conforme recoge un informe de la Consejería de Turismo y Deportes, «sin que hubiesen trabajado en la obra de rehabilitación de la plaza de abastos». Hechos por los que la Fiscalía denunció al anterior alcalde, Juan García Baena, por dos supuestos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones, informa el Ayuntamiento.
A la denuncia por la paralización «arbitraria» de las obras del mercado, el PSOE sostiene que en la causa contra el actual alcalde también se instruyen varios supuestos delitos en materia laboral. Concretamente, el grupo socialista hace referencia a la contratación de trabajadores «con informe desfavorables de la Secretaría y de la Intervención, así como la continuada contratación de personal temporal (...) pese a tener una prohibición expresa por ley». A estos supuestos delitos, los socialistas añaden «la posible contratación de la esposa del primer edil andalucista a cargo del presupuesto municipal con informe negativo expreso de la Intervención».
A estas acusaciones, el Ayuntamiento aclara que la esposa del alcalde accedió «como parte de un numeroso grupo de estepeños que realizan sustituciones de vacaciones y navidad en la residencia de ancianos en el marco de la Ley de Dependencia (...) a través del Servicio Andaluz de Empleo». Asimismo, el equipo de Gobierno se lamenta en la nota de que el PSOE «trate de lograr en los juzgados lo que no ha podido conseguir en las urnas».
