La huelga del transporte que ha puesto en jaque a España esta semana es uno de los ejemplos pradigmáticos de cómo se mal utilizan los derechos colectivos. Conquistados por la fuerza de la movilización y la tenacidad de la sociedad española tras 40 años de dictadura, hoy un grupo minoritario de huelguistas manosea esos derechos y desprecia el mito de su consecución.
Sería de desmemoriados ceer que en aquellos estertores de la dictadura y aquellos comienzos de la transición existía un Estado y una estructura social dispuesta a conceder graciosamente los derechos fundamentales que precisaba la sociedad española para conseguir un país democrático y un estado de derecho.
Entonces como en otras épocas, la protesta, la movilización y la resistencia fueron sustanciales para arrancar las primeras negociaciones colectivas. Con el paso del tiempo, los empresarios se fueron despojando de sus ropajes ideológicos en la práctica empresarial y en su representación patronal.
En definitiva, llegó la normalización. Sin embargo aún a día de hoy algunos trabajadores se consideran legitimados para imponer, mediante el uso de la fuerza violenta, la prevalencia de unos derechos por encima de otros. El tiempo histórico que vivimos es distinto. Los derechos individuales y colectivos están plenamente garantizados. Disponemos de instancias adecuadas para dirimir diferencias y resolver conflictos, para denunciar cualquier incumplimiento y reclamar que el infractor sea penalizado por ello.
Luego no tienen mayor sentido las movilizaciones como las que estamos padeciendo. Impiden el derecho al trabajo a mmiles de personas, provocan el caos en sectores estratégicos, promueven el desasbastecimiento puntual de la población y amparan a algunos empresarios que creyendo que todo el bosque es orégano enmascaran despidos y regulaciones de empleo.
La protesta encierra en sí misma una parábola envenenada: es una huelga contra la subida del combustible, un auge imparable que es a su vez parte de las causas de la desaceleración (vulgo crisis) que nos acosa y que va precisamente a peor entre otros motivos por culpa de la huelga del transporte: 300 milllones de pérdidas sólo en un semana en el sector agrario, la industria movílistica parada y todo el sector terciario perdiendo dinero por el desabastecimiento.
Y por si fuera poco, hemos tenido que ver salvajadas como la del camionero al que le pegaron fuego en Alicante. El Gobierno optó primero por negociar ensayando un fin dialogado del conflicto. Tras comprobar cómo sólo un 6% de la flota de camiones es la que sigue en huelga ha decidido hacer lo que tuvo que haber hecho desde el primer día: garantizar el libre tránsito de personas y mercancías y el derecho al trabajo.
El pasado jueves, en una nueva edición de Los Desayunos de El Correo, el profesor Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, dictó una lección magistral sobre el origen de la crisis, su estructura y la forma en que está afectando a España y al resto del mundo. Quedémonos sólo con una de sus interesantes reflexiones: los españoles hemos de aceptar que somos más pobres que hace un año y mientras que no lo hagamos estaremos incapacitados para afrontar con garantías la recesión.
No deja de ser curioso que las mismas entidades bancarias que nos han invitado durante los últimos años a creernos más ricos de lo que éramos, hoy nos pidan lo contrario. Pero parece tener razón Quintás: los bancos tienen menos liquidez y los que tienen dinero no lo prestan porque ignoran dónde están las bombas ocultas por explotar.
El consumo se ha retraído y la pesadumbre se ha instalado en el sistema. Sería imposible de aceptar que en estas circunstancias -todos los sectores están afectados- el Gobierno aceptara una tarifas mínimas (o sea, cargar con las pérdidas del negocio) para el sector del transporte.
Sin duda hay medidas que se pueden adoptar desde la administración para garantizar que el sector siga siendo competitivo, pero en ningún caso la que pretende el 6% que secunda la huelga. No está el país para huelgas irresponsables.
