El juez que instruye la causa por la muerte de Andrés Toro, un alto ejecutivo del BBVA que presuntamente fue asesinado por su esposa en su casa de Bollullos de la Mitación, abrió diligencias contra la hija de ambos por un posible delito de obstrucción a la justicia por presionar a un testigo.
El juez de instrucción de Sanlúcar la Mayor, a cargo del caso, consideró que la joven N.T.C., de 31 años, pudo haber presionado al testigo que informó a la Guardia Civil de que su madre poseía un arma para que cambiase su declaración, por lo que dedujo testimonio contra ella, según informaron fuentes del caso a Efe.
En concreto, las fuentes explicaron que la joven estaba en el juzgado el pasado 31 de julio, poco después de ser detenida su madre, y presionó a su tío abuelo para que cambiara su declaración en la que aseguraba que la imputada poseía una pistola que él mismo le había regalado.
El cadáver de Andrés Toro fue encontrado el 16 de junio en su chalé de Bollullos de la Mitación con dos disparos en el pulmón que habían acabado con su vida y el pasado día 29 de julio fue detenida su esposa.
Supuestamente, la imputada poseía una pistola -que aún no ha aparecido- cuyo calibre coincide con los dos disparos que atravesaron el cuerpo del ejecutivo. La detención de la presunta asesina fue posible gracias a la declaración de su tío, quien declaró que él mismo le había regalado esa pistola para su protección.
El fallecido, que tenía 59 años, era jefe para Andalucía occidental del Centro Especial de Recuperaciones (CER) del BBVA, un departamento encargado de gestionar el cobro a morosos y la recuperación de créditos, por lo que en un momento se pensó en un crimen por venganza.
Toro fue hallado en su chalé por un compañero del banco, extrañado por su ausencia del trabajo. La esposa, de la que estaba separado desde hacía un año y en trámites de divorcio, fue detenida e, 29 de julio tras una orden judicial de entrada y registro de su vivienda.
Crimen pasional. El pasado día 31, el juez ordenó su ingreso en prisión, sin fianza, como presunta autora del asesinato y, a la vez, levantó el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones.
Desde el comienzo las investigaciones se dirigieron hacia alguien del entorno de la víctima, ya que la vivienda no presentaba signos de lucha ni la puerta había sido forzada, por lo que previsiblemente el fallecido había permitido la entrada a su asesino.
