El margen de maniobra de Tussam es reducido. Para recortar gastos se deben privatizar líneas y para obtener más ingresos sólo se depende hasta ahora de las administraciones públicas, una opción aparcada de momento ante el rechazo de la Consejería de Obras Públicas. Ante estas limitaciones, IU planteará en el próximo consejo de administración una batería de propuestas para que la empresa pública obtenga nuevas vías de ingresos. Entre ellas, la federación propone que se aprovechen los talleres de Tussam para reparar autobuses de empresas privadas; que se rentabilice el surtidor de gas natural para vehículos ajenos a la flota municipal; que se venda energía de las placas solares o que se exploten las capacidades publicitarias del recinto principal de Tussam. IU vincula todas estas iniciativas a una serie de estudios jurídicos a los que se someterá también otra medida planteada ya hace unos meses en el seno de la empresa de transportes: adquirir los permisos para que el parque central sea una estación ITV para autobuses privados.
Estas propuestas, las únicas que se han presentado hasta ahora por escrito ante el consejo de administración de mañana viernes, se completan con figuras como una ecotasa, con un refuerzo del uso de la grúa tanto para aumentar la velocidad comercial como para generar ingresos, y con un plan de refinanciación del crédito a través de la banca pública, una medida que rebajaría los intereses que abona la empresa pública.
Pese a esto, la empresa ha centrado el debate en dos líneas de actuación estrechamente vinculadas entre sí: una reducción del capítulo de gastos de Personal, con una renegociación del convenio que arrancó ayer y con reducciones de prestaciones como las que se han empezado a aplicar esta semana; y la privatización de algunas líneas para lo que ya se ha abierto un concurso público para obtener unos proveedores a los que se recurrirá cuando se determinen las líneas cuya gestión no puede mantener Tussam. El traspaso representará un ahorro medio de un 40% por ruta.
IU votó en contra de esta propuesta en la mesa de contratación y mantendrá este rechazo en el próximo consejo de administración. La federación quiere poner límites a los planes de saneamiento que se apliquen: no se puede hablar de privatizaciones, no se deben recortar derechos adquiridos por los trabajadores hasta que no se renegocie el convenio laboral, y no se pueden reducir las prestaciones sociales que ofrece la empresa a los usuarios, como el bonobús para desempleados que se financia a través de la Delegación de Economía y Empleo o el título para jóvenes subvencionado desde el área de Juventud y Deportes.
El consejo del viernes parte de nuevo como un escenario de diálogo y debate que puede resolverse sin un acuerdo concreto: los sindicatos rechazan recortes excesivos en la plantilla, las asociaciones de usuarios piden que las tarifas no se incrementen y las entidades vecinales que no se recorten prestaciones a los barrios. Sólo hay acuerdo en pedir a la Junta financiación, aunque es la Consejería quien rechaza entrar a pagar a la empresa municipal.
