La nueva previsión de déficit del Gobierno central para 2014, que rebaja en tres décimas lo comprometido con Bruselas (del 5,8 por ciento al 5,5 por ciento del PIB), ha abierto un apresurado debate en Andalucía sobre el sueldo de los funcionarios. La Consejería de Hacienda le reclamó el miércoles al ministro Cristóbal Montoro que, en lugar de destinar ese ahorro en el gasto público a la consolidación fiscal que demanda Bruselas (algo que no notarán los ciudadanos), le ceda esas tres décimas a las comunidades. A Andalucía, según cálculos de la consejera María Jesús Montero, le corresponderían de 420 a 450 millones, con los que la Junta, dijo, le repondría este año a los funcionarios las pagas extras de verano e invierno, que se eliminaron hace tres años.
«Dice Montoro que va a renunciar a las tres décimas de déficit que le concede Europa y yo le digo que no renuncie, que nos las deje a las comunidades autónomas si Europa lo permite porque Andalucía está manteniendo a pulmón la dependencia. Yo sí sé lo que tengo que hacer con eso y porque quiero devolver la paga extra a los trabajadores públicos», insistió el miércoles noche la presidenta Susana Díaz, en un mitin en El Ejido (Almería).
Aunque ese compromiso depende del supuesto de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comparta el dinero con las regiones, el socio de Gobierno de Díaz (IU) se apresuró ayer a entrar en el debate, replicando al PSOE que si Andalucía obtiene el margen de gasto de 400 millones que le reclama al Estado, debería emplearlo en políticas para crear empleo, antes que mejorar el salario de los funcionarios, que ya tienen garantizado un empleo estable.
Metido de lleno en la multitud de la manifestación en Huelva por el 1 de mayo, Día del Trabajo, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, matizó ayer las palabras de Susana Díaz: «El primer objetivo que tiene una comunidad es crear empleo. Es cierto que a los funcionarios estamos obligados a devolverle parte de su sacrificio, pero hay un sacrificio primero que tenemos que responder que es el que están haciendo las miles y miles de familias que están paradas por el conjunto de Andalucía. Y a partir de ahí cumplir con los funcionarios».
Andalucía cuenta con 1,4 millones de parados (medio millón de hogares sin ningún trabajo) según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año, conocida esta semana. Valderas remarcó que la prioridad del Ejecutivo andaluz «son los jóvenes y los parados, y después la gente que se ha sacrificado como han sido los funcionarios». Los casi 260.000 empleados públicos andaluces han visto minorar sus salarios desde 2010, y desde hace tres años no perciben las pagas extraordinarias.
El vicepresidente de la Junta aboga por devolverles ese dinero «cuando los tiempos económicos lo vayan permitiendo».
También el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se situó ayer en el mismo supuesto, abogando por hacer uso de ese nuevo déficit que se ha autoimpuesto el Estado español para «invertir en políticas de empleo». El líder de la coalición de izquierdas calificó de «insuficiente» esas tres décimas, y volvió a reclamar una mejor «redistribución» del objetivo del déficit entre Estado y comunidades. «No puede ser que se le imponga a la comunidad el 1% del PIB, cuando tenemos la gestión y competencias exclusivas en educación, sanidad y servicios sociales».
La Junta viene denunciando de largo el «injusto reparto» del déficit que hace el Gobierno de Mariano Rajoy, cinco veces superior para las comunidades que para el Estado, a pesar de que son las primeras las que absorben el 75% del gasto social por la transferencia de los servicios básicos.
3.000 millones. Con todo, la propuesta de Hacienda de reponer las pagas extraordinarias con el excedente del déficit estatal no deja de ser un brindis al sol, en tanto que difícilmente el Gobierno de Rajoy aceptará compartir ese nuevo margen del PIB con las comunidades. No lo hizo el año pasado, cuando Bruselas flexibilizó el límite en el gasto público impuesto a España, y previsiblemente no lo hará ahora, cuando ha sido España quien ha obtenido ese margen gracias a los buenos datos de recaudación tributaria en el primer trimestre del año, según dijo el ministro.
La nueva previsión del déficit público para 2014 diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el país la asumirá la Administración Central, de modo que las comunidades no verán aumentar su esfuerzo fiscal del 1 por ciento previsto al 1,3, como vaticinó el miércoles la Junta. Al Gobierno central, estrechar el límite de gasto del 5,8 al 5,5 por ciento este año le supondrá un ahorro de unos 3.000 millones de euros.
Los funcionarios tienen congelado su salario desde que arrancó la legislatura. La Junta les retiró el complemento autonómico de sus nóminas las extras de junio y diciembre en 2012, como parte del plan de reequilibrio financiero, una medida «excepcional» que debía expirar en 2013, pero que se prorrogó este año debido a la caída de los ingresos y a la obligación de cumplir con el déficit impuesto por Bruselas. En 2013, Andalucía cerró el ejercicio con un déficit levemente inferior al que se había comprometido con el Gobierno central y la UE.
