La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al vicepresidente, Diego Valderas, este jueves, en el Parlamento. / Raúl Caro
El crecimiento sostenible, la reactivación del ladrillo para relanzar la economía andaluza y el indulto a miles de casas que en el pasado fueron construidas en suelo no urbanizable son temas comunes en la agenda del PSOE y de IU, pero existen serias discrepancias sobre cómo darles solución. Una de ellas se puso de manifiesto ayer cuando el socio de Gobierno (IU) votó en contra de amnistiar las viviendas ilegales que existen en Andalucía (entre 20.000 y 25.000), la propuesta más específica de las 25 que el día antes había anunciado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante el Debate del Estado de la Comunidad.
La mayoría de estas casas construidas en suelo no urbanizable se encuentra en municipios de la costa almeriense y de la Axarquía malagueña, pero también en la provincia de Cádiz, Granada y Sevilla. Este verano, la presidenta adelantó su decisión a los alcaldes socialistas de los principales núcleos afectados en esas zonas, pero IU no conoció la medida hasta que Díaz la anunció en la Cámara hace dos días, según admitió la diputada Inmaculada Nieto. «No ha habido negociación», se quejaron desde la coalición, después de que sus 12 diputados rechazaran la propuesta de resolución.
El cisma es más ideológico y estratégico que real, puesto que el fantasma del adelanto electoral se ha disipado en los últimos días después de que la presidenta confirmara a sus socios que habrá Presupuestos para 2015. Pero el rechazo le sirve a IU para distanciarse del PSOE en un tema clave la redefinición del modelo productivo andaluz y el papel que jugará el ladrillo, una estrategia que se repetirá a menudo hasta las elecciones municipales del próximo mayo.
Desde el Gobierno regional aseguran que entre los alcaldes de los principales municipios afectados hay algunos de IU, como los de Conil (Cádiz) y Arahal (Sevilla), que respaldan la regularización, y esperaban que ellos intermediasen con la dirección del partido. El alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez, explicó ayer a esta redacción que «ningún miembro de la Junta ni del PSOE» le había informado del anuncio que iba a hacer la presidenta, aunque el Consistorio apoya «con cautela» la propuesta de Díaz (el municipio tiene mil casas ilegales).
A pesar del desencuentro entre los socios, el Parlamento aprobó la medida, que pasa por una reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), gracias a los votos del PSOE y la abstención del PP. La mayoría de viviendas ilegales están en municipios gobernados por los populares 15.000 en la Axarquía, por eso la abstención del principal partido de la oposición puede entenderse como un apoyo indirecto. Aun así, el portavoz popular y presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, se mostró escéptico. «Recuerdo que la Junta anunció en diciembre de 2011 que se iban a regularizar 11.000 viviendas, levantó mucho revuelo, expectativas e ilusión en los propietarios y a día de hoy no ha habido nada», dijo.
Un argumento similar esgrimió IU para justificar el rechazo. Nieto calificó la propuesta de «precipitada» y conminó a Díaz a «no generar expectativas que puedan frustrarse por una precipitación o un anuncio para el que se ha elegido un momento preelectoral desafortunado». La diputada de IU advirtió de que ya ha prescrito el plazo para restituir la legalidad de muchas de esas viviendas, recordó que en el pasado la Junta intentó, sin éxito, normalizar la situación y afeó a Díaz una medida «enunciada y no detallada».
Entre los 300.000 propietarios de viviendas ilegales hay muchos extranjeros (la mayoría británicos) que incluso han abanderado sonoras manifestaciones (y campañas electorales) a favor de la regularización de sus casas [algunos las compraron sin saber que eran ilegales]. La presidenta también había adelantado su decisión al embajador británico en España, Simon Manley.
