El gerente de Fitonovo (izq.) y Castaño (dcha.), en imágenes de Canal Sur de la madrugada del jueves.
Por Clara Campos / Laura Blanco
En plena tormenta en el PP a cuenta de la supuesta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas que presuntamente incluye sobresueldos a la cúpula del partido, procedentes de donaciones de empresarios, el PSOE se ha topado también con el fantasma de la financiación ilegal a raíz de una investigación de la jueza que lleva tres años siendo su pesadilla: Mercedes Alaya. La declaración de un empresario admitiendo que dio un sobre con 30.000 euros a un exalto cargo del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y, sobre todo, la alusión a que le dijeron que era para el PSOE ha soliviantado a los dirigentes del partido, que ya ha anunciado acciones legales contra el empresario y contra el supuesto receptor inicial del sobre, el exdirector de Vía Pública y exasesor del PSOE municipal Domingo Enrique Castaño, al que la jueza envió la madrugada de ayer a prisión sin fianza, imputado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación y fraude. Ambos fueron detenidos el martes, junto a otro empresario y a la mujer de Castaño, en la Operación Madeja.
Mi organización no se ha financiado jamás de esta manera. Nos financiamos como establece la ley, con recursos públicos y con las cuotas de los militantes y punto. Ni donaciones legales ni ilegales, ni sobres ni nada de esto que se dijo ayer [por el jueves]. Y quien lo diga lo tendrá que decir en los tribunales, afirmó ayer rotundo el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, en una entrevista en Canal Sur.
Domingo Enrique Castaño / CSTV
Nada más filtrarse algunos detalles sobre la declaración del empresario imputado por cohecho y al que Alaya dejó en libertad sin fianza al igual que al exadministrador de la empresa Fiverde, el PSOE-A anunció en un comunicado que emprendería acciones judiciales contra todos los que utilicen el nombre del PSOE o imputen acciones delictivas para tapar posibles comportamientos irregulares. Ayer, el vicesecretario general del PSOE-A fue más concreto y señaló que el equipo jurídico del partido emprenderá acciones judiciales contra Castaño y este empresario para que entre ellos se aclaren porque estas relaciones impropias que se han podido producir no pueden terminar perjudicando ni el nombre ni la reputación del PSOE-A, un partido que nada tiene que ver con esto y que bajo ningún concepto ni en ninguna situación ha recibido ningún céntimo de euro.
Jiménez mostró su preocupación porque parece que hay quien está queriendo malversar en nombre del PSOE-A y utilizar su nombre en una estrategia absolutamente impresentable, algo contra lo que el partido se defenderá de forma contundente. El portavoz municipal socialista, Juan Espadas, también lamentó el irreparable daño a la imagen del partido y de sus servidores públicos y señaló que los socialistas sevillanos asisten con indignación a estos hechos. Queremos que la Justicia depure responsabilidades cuanto antes dijo, tras recordar que no delinquen los partidos sino las personas. La nueva investigación dimana de la pieza del caso Mercasevilla sobre presuntas irregularidades en la venta de suelos de la lonja en 2006, en la que Castaño está imputado ya que entonces era director de Vía Pública y consejero en Merca y en 2008 fue contratado por Duse, filial de Sando que fue la adjudicataria del concurso. A raíz de esta causa, Alaya ordenó investigar su posible enriquecimiento ilícito y las pesquisas revelaron la compra de varios inmuebles entre ellos un chalet en Guillena y un piso y un local en Sevilla registrados en la operación e ingresos en sus cuentas por valor de 300.000 euros que la jueza cree pudieran provenir de dádivas de empresarios (que incluyeron también coches de alta gama y móviles) a cambio de adjudicarles contratos municipales. La declaración del gerente de Fitonovo ha abierta la puerta a que Castaño no fuera el único destinatario del dinero.
Jiménez dejó ayer claro que Castaño ya no es militante del PSOE. Fue expulsado tras su imputación en Merca hace tres años, si bien previamente ya se vio implicado en la investigación por las supuestas facturas falsas de la Federación de Vecinos Unidad, aunque al final no fue procesado.
Su letrado, José Manuel García-Quílez, tildó de desproporcionada y desmedida la orden de prisión, que recurrirá ante la Audiencia la próxima semana, y consideró sospechoso que los empresarios quedaran libres tras su explosiva declaración. La esposa de Castaño también quedó libre imputada por cohecho, blanqueo y prevaricación. Ambos se negaron a responder a Alaya.
