Quienes trabajan día a día en los juzgados sevillanos corroboran el diagnóstico del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en su memoria anual, considera alarmante la cifra de sentencias pendientes de ejecutar en la jurisdicción penal (13.181 en Sevilla y 60.536 en Andalucía). Y señalan que, cinco años después de que el caso Mari Luz pusiera el foco en el problema de las sentencias incumplidas el asesino de la pequeña, Santiago del Valle, tenía una condena firme de prisión por abusos sexuales a una menor cuando cometió el crimen la situación es incluso peor porque la carga de trabajo crece pero no los medios. El problema es la inversión, coinciden el decano de los jueces, Francisco Guerrero, y los sindicatos del sector. Tras el caso Mari Luz por el que fue expedientado el juez que no ejecutó la sentencia de Del Valle y los magistrados protagonizaron su primera huelga de la historia, Junta y Ministerio anunciaron medidas. En Andalucía se pusó en marcha un plan de choque para que los juzgados más colapsados trabajaran por la tarde, pero solo duró unos meses. Se anunciaron servicios comunes de ejecutorias, órganos específicos para vigilar la tramitación de las sentencias firmes, pero nunca llegaron a ponerse en marcha (ni siquiera en Sevilla, donde se iba a hacer la experiencia piloto). Y también sistemas informáticos de alertas que avisaran cuando se cumplían plazos importantes en cada proceso e interconectaran los difentes juzgados para que si un acusado tenía causas pendientes en varios tribunales, lo supieran todos (Del Valle estaba en busca y captura en un juzgado mientras iba a firmar cada 15 días a otro), pero según los sindicatos más bien entorpecen porque el registro es muy lento. Se parcheó pero sin medidas a largo plazo no se resuelve y la situación es muy muy delicada, asegura el vicesecretario del sindicato de trabajadores de la administración justicia (STAJ), José Luis Fernández. Tan delicada que el responsable de Justicia en CSIF sindicato mayoritario en el sector, Francisco Rueda, cree que la situación ha empeorado, hasta que salte otro caso y puede saltar en cualquier momento. En Almería ha pasado. Rueda alude al caso de Raúl R.F., presunto encubridor del crimen de Miriam, una bebé de 16 meses que fue secuestrada en diciembre y estuvo ocho días desaparecida hasta que su cadáver apareció en Fiñana. Tenía una condena firme de prisión desde 2010 por violencia de género pendiente de ejecutar a la espera de un recurso del Constitucional que fue rechazado un mes antes del crimen. El TSJA apunta en su memoria a los servicios comunes de ejecutorias como la solución pero tanto los sindicatos como el juez decano de Sevilla coinciden en que solo lo serán si son dotados de medios y reconocen que está paralizados. Para Francisco Guerrero, la solución pasa por un aumento de órganos y funcionarios hace dos años que no se crean nuevos juzgados ni plazas y servicios informáticos ágiles. Todo ello exige inversión, sin la cual el problema seguirá ahí. No solo son las ejecutorias sino la pendencia, en los juzgados de lo penal los juicios tardan de media un año.
