La puesta en marcha de todos los mecanismos que ofrezcan garantía de protección a la mujer que sufre maltrato se hará ahora de forma más eficaz gracias al convenio firmado entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un sistema telemático permitirá que en 24 horas se active el dispositivo entre todas las administraciones que proporcione a las víctimas no solo medidas penales contra el agresor sino también apoyo social, económico y asistencial.
Los consejeros de Gobernación y Justicia y de Igualdad y Bienestar Social, Francisco Menacho y Micaela Navarro, formalizaron ayer este acuerdo de colaboración que pone en funcionamiento un protocolo de actuación "único y rápido" que se activa en cuanto un juez emite una orden de protección. "Esto hará que las unidades asistenciales sean más eficaces", dijo el titular de Justicia. Navarro resaltó además la creación de una comisión de seguimiento para la víctima que evaluará permanentemente su situación y estudiará las medidas más oportunas.
En la firma de este convenio estaba también representado el Gobierno central a través de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, y el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, quienes valoraron muy positivamente el acuerdo, único en España. "La Administración ahora busca a la víctima para ofrecerle todos los recursos, ya no será la víctima la que tenga que ir de ventanilla en ventanilla para informarse", dijo Montalbán. Además, se mostró orgullosa y "feliz" de esta colaboración entre administraciones que trata de "evitar la doble victimización o el daño añadido que puedan sufrir las víctimas cuando entran en contacto con las instituciones para protegerse".
Asimismo, el secretario de Estado de Justicia destacó que el convenio "trata de eliminar los obstáculos que impidan el desarrollo normal de los derechos humanos". Es por ello que el nuevo sistema de protección "pone en el centro de la acción política no el castigo al agresor, sino la víctima que necesita atención".
Se pretende, según Campo, que haya una normalización de todos los actores que intervienen en un proceso de denuncia por parte de una persona maltratada, "que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer". Y es que, como ejemplificó la consejera de Igualdad, un fax que entra en un juzgado un viernes por la tarde que dictamina una orden de alejamiento para una víctima ya no quedará pendiente de formalizarse hasta el lunes que abre el juzgado, sino que de manera informática se generará un "itinerario personal de la víctima que estará en tiempo real en manos de todos los actores para poner en marcha desde la orden de alejamiento que activa la Policía hasta medidas sociales, civiles, de vivienda, de empleo, etc.", apuntó Navarro.
El punto de coordinación responde a una prueba piloto que lleva en marcha desde hace dos años y que "ha demostrado que es una garantía de seguridad", aseguró la consejera. Hasta el 30 de junio de 2011 se han notificado casi 6.000 órdenes de protección, de las que se han adoptado 5.222, lo que supone el 87%, siendo 4.650 por violencia de género y 572 por violencia doméstica.
Por su parte, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia (SAVA) atendió 2.845 casos de agresiones de género en 2010. Ese mismo año, 2.415 letrados ofrecieron su servicio a mujeres maltratadas que necesitaron asistencia jurídica gratuita. En la actualidad, Andalucía cuenta con 91 juzgados especializados y ocho unidades de valoración integral para la violencia de género.
