En su primera vuelta a San Telmo desde que cambió la Consejería de Obras Públicas por el Ministerio, Aguilar abordó con su ex jefe, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, una fórmula para sellar la paz en este contencioso. El Ministerio agilizará el traspaso, previsto en el Estatuto andaluz, de las competencias para que la Junta pueda decidir sobre los usos en las zonas litorales protegidas como dominio público marítimo-terrestre, que incluiría la de Doñana, y la Junta no recurrirá la delimitación hecha en el parque. Si el traspaso formal se retrasa, firmará un convenio de uso para que la Junta gestione mientras la zona.
El conflicto se desató en agosto cuando en cumplimiento de la Ley de Costas de 1988, y en el marco de la promesa del Gobierno de deslindar 10.000 kilómetros del litoral español para blindar su protección, el Ministerio aprobó aplicar este proceso en 9.200 hectáreas de Doñana que cubren 35 kilómetros de costa entre Matalascañas (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero también 4,7 kilómetros tierra adentro correspondiente a las dunas formadas por la arena arrastrada por el mar. La discrepancia entre ambos Gobiernos estaba en éstas.
El Ministerio considera las dunas parte del ecosistema "inseparable" de la línea de Costas del parque y la Junta cree que se extralimita y sobreprotege una zona interior de Doñana de cuya protección ya se encarga el Gobierno andaluz. El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, llegó a remitir un requerimiento al Ministerio pidiendo que reconsiderara su postura o recurriría a los tribunales, casi coincidiendo con el relevo de la ministra Elena Espinosa por Rosa Aguilar. Desde su nombramiento, Aguilar anunció que éste sería uno de los primeros asuntos que abordaría en el cargo y ayer, en su primera reunión oficial con Griñán para firmar un programa de Desarrollo Rural, trajo su propuesta.
Se comprometió a agilizar la transferencia de las competencias de gestión sobre el dominio marítimo-terrestro prevista en el Estatuto, que permitirá a la Junta decidir sobre los usos en esa zona aunque su delimitación siempre corresponde al Ministerio y como tal existan unos límites estatales para su protección. Esta transferencia es la que también permitirá a Andalucía gestionar las licencias y control de los chiringuitos, un sector en el que la aplicación a rajatabla de la Ley de Costas despertó hace un año gran inquietud aunque finalmente se buscaron fórmulas para regularizar la mayoría de los establecimientos andaluces.
Tanto Aguilar como Griñán defendieron ayer que tan pronto como la transferencia sea efectiva, algo que la ministra anunció como "inminente, probablemente la semana próxima o en díaz días", el conflicto quedará resuelto. "El deslinde de Doñana se resuelve fácilmente con la transferencia", reconoció Griñán, quien dijo esperar que "se puedan tomar medidas que eviten el recurso. La disposición de la ministra me parece correcta". Aguilar fue contundente: "No hará falta el recurso de la Junta para llegar a buen puerto". En caso de que el proceso de transferencia se retrase, la ministra tiene un plan B:firmar con la Junta un convenio de uso que le permita gestionar mientras la zona.
Algarrobico. Y al hablar de las medidas sobre el litoral y los espacios protegidos andaluces, fue inevitable que en la rueda de prensa donde Junta y Gobierno escenificaron su buena sintonía surgiera el nombre del macrohotel de la promotora Azata del Sol en El Algarrobico, paralizado después de que varias sentencias judiciales hayan anulado las licencias otorgadas para su construcción pero que sigue sin ser demolido ante la maraña de recursos judiciales y las incertidumbres sobre la expropiación y la asunción de los costes del derrumbe.
En distintas declaraciones recientes, el consejero andaluz de la Junta dejó claro que el Ejecutivo andaluz no está "de acuerdo con que El Algarrobico siga en pie" y que le gustaría "derribar" el hotel ubicado en Carboneras (Almería), en el Parque Natural de Cabo de Gata, pero insistió en la necesidad de esperar a que la vía judicial termine. Ayer, la ministra expresó su "compromiso de colaborar activamente con la Junta para que dejemos libre de Algarrobico el Parque Natural Cabo de Gata".
Sin embargo, Greenpeace reclamó "una hoja de ruta concreta" para demolerlo y recordó que el Gobierno central anunció su demolición en 2008 y un año después paralizó el expediente. Los ecologistas advierten además que el Plan de Ordenación del Parque aprobado por la Junta en 2008 abre la vía a urbanizar la zona. El TSJA tumbó ese plan.
