La Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consensuaron ayer su petición de órganos judiciales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para este año y frente a la "creación de juzgados de forma masiva, que no estaba dando respuesta", apuestan por la figura de los jueces de adscripción territorial, conocidos como jueces volantes, profesionales de carrera -no interinos- con plaza itinerante y temporal allá donde sea necesario.
La propuesta que este año elevará Andalucía al CGPJ -el año pasado se crearon 29 órganos nuevos- reclama 13 juzgados, dos plazas de magistrado y nueve jueces volantes, una figura creada en 2008 en el Plan de Modernización de la Justicia y que según la consejera, Begoña Álvarez, "puede empezar a ser la solución organizativa de la justicia". Eso sí, si los nuevos órganos tradicionalmente entran en funcionamiento a fecha 30 de diciembre , el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo pidió "agilidad" al Consejo para poder contar con estos jueces antes. "Yo calculo que con estos nueve jueces las necesidades medio se cubrirían, aunque no va a eliminar toda la interinidad porque siempre va a haber excedencias, bajas y comisiones de servicios que cubrir", señaló el presidente del TSJA.
Una vez nombrados, será el TSJA quien determine su destino, si bien Méndez de Lugo reconoció que "no se ofertarán a todas las provincias" sino a aquellas con mayor litigiosidad, entre las que mencionó Sevilla, Málaga y la provincia de Cádiz, y jurisdicciones "saturadas coyunturalmente por la crisis, que ha supuesto una litigiosidad enorme en la jurisdicción social y civil".
Precisamente, la consejera vinculó esta saturación de asuntos relacionados con la crisis -como los procesos concursales de empresas en quiebra y los conflictos laborales- con la petición de tres órganos especializados en la jurisdicción mercantil en Almería, Córdoba y Granada para "liberar a los de Primera Instancia", si bien la Junta no tiene previsto pedir que se adelante su puesta en marcha como ocurrió el año pasado con el nuevo juzgado mercantil de Sevilla, que comenzó a funcionar en abril.
Álvarez también destacó el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, necesario para implantar en la ciudad el servicio de guardia de 24 horas porque sin él "es imposible". Y subrayó la necesidad de los nuevos órganos reclamados para Ayamonte (Huelva) y Motril (Granada) por su "saturación".
La petición incluye también dos juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en El Puerto de Santa María (Cádiz) y la capital sevillana, en los que la Junta tiene previsto probar una iniciativa de la que sólo existen precedentes en Aragón. Se trata de que estos juzgados cuenten con una oficina judicial en el interior de las cárceles de su jurisdicción, dotadas con funcionarios -no jueces ni secretarios judiciales- que tramiten exhortos, comisiones rogatorias y otro tipo de procedimientos relacionados con internos, con el fin de agilizarlos y reducir las necesidades de traslados y salidas de los presos.
No obstante, Álvarez no quiso garantizar que los dos nuevos juzgados de Vigilancia Penitenciara comenzarán a funcionar a final de año con estos equipos en las prisiones de Sevilla y Puerto III, aunque aseguró que serán configurados con vistas a implantar estas unidades.
