Actuación policial en Hytasa. / J. M. Cabrera (Atese)
La trata de seres humanos como delito tipificado separado de la inmigración clandestina fue introducida en la reforma del Código Penal de 2010 y fue a partir de entonces cuando el Colegio de Abogados de Sevilla y la Junta firmaron un convenio para crear un turno de oficio especializado para representar a las víctimas de este delito. Una experiencia pionera que los abogados sevillanos pidieron ayer al consejero de Justicia, Emilio de Llera, extender a otras provincias para luchar contra una forma de delincuencia organizada que, lejos de retroceder, va en auge y más en tiempos de crisis, donde la necesidad de buscar sustento a veces a cualquier precio es aprovechada por las mafias. La clave, aseguran los expertos, pasa por desincentivar la demanda y concienciar a la sociedad no sólo para que no consuma unos servicios sexuales tras los cuales se explota a personas, sino para animar a denunciar ante el conocimiento de un caso.
En lo que va de año, los 157 letrados adscritos voluntariamente a este turno de oficio y formados específicamente para ello han atendido a 14 víctimas, el doble que los ocho casos derivados el año pasado. Solo dos fueron de mujeres que acudieron de motu proprio a denunciar su situación. El resto procede de operaciones policiales en las que son desarticuladas las mafias que explotan a estas mujeres. Y la coordinadora de este turno de oficio, la abogada Amparo Díaz Ramos, afirma que llegan el mismo casos de mujeres de fuera de Sevilla que no pueden atender al estar colegiados para ejercer en la provincia. Por ello, junto al Decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, y a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, aprovecharon la reunión de ayer Día Internacional de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual con el consejero de Justicia para proponer que se extienda este turno de oficio especializado al resto de provincias andaluzas y que se implante un teléfono que permita la denuncia anónima.
España ha pasado de ser un país de tránsito a ser de consumo y tránsito, lo cual es muy grave, asegura Amparo Díaz, que alerta también de que la reforma del Código Penal pretendía dar protección a las víctimas no inmigrantes de estas redes de explotación sexual. Sevilla es un ejemplo de la necesidad de esta reforma ya que, según Díaz Ramos, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad rumana, un país integrado ya en la UE y cuyos ciudadanos cuentan con el derecho a la libre circulación dentro del territorio europeo. Por ello, la situación de estas mujeres, engañadas por las mafias con la promesa de un contrato que al llegar a España son explotadas para ejercer la prostitución, era difícil de perseguir en el marco del Derecho de Extranjería.
Tanto el consejero de Justicia como la fiscal jefe y el decano de los Abogados abogaron por centrar los esfuerzos en la prevención para evitar que mujeres en situación de vulnerabilidad, una situación que la crisis ha extendido no solo entre las inmigrantes, permite a estas redes aprovecharse. Las ordenanzas municipales como la de Sevilla que penalizan al cliente son una vía, reconocen, pero también la concienciación social de lo que hay detrás de estos negocios:personas usadas como mercancía para lucrarse con su explotación.
