El Gobierno tendrá en cuenta las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del Código Penal que vayan en la línea de reforzar el control sobre los condenados por terrorismo o delitos sexuales, según afirmó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
"Las sugerencias se adaptarán al proyecto de ley que tenemos en marcha si sirven para reforzar nuestro último fin, que es el control y el seguimiento de las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delito sexual", dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta se expresó así después de que el CGPJ hiciera público el jueves un informe muy crítico con esta reforma parcial del Código Penal.
En concreto, el CGPJ opinó que sería de "muy difícil justificación" la libertad vigilada para terroristas o agresores sexuales una vez cumplida su pena de prisión, porque supondría un retroceso respecto a los regímenes de tercer grado y libertad condicional.
No obstante, también incluyó recomendaciones para poner en marcha esta medida como crear la figura del agente de la libertad vigilada o precisar cómo se castigará el incumplimiento de éste régimen. De la Vega aseguró ayer que el Ejecutivo siempre concede mucha importancia a estos informes del CGPJ, que son preceptivos pero no vinculantes.
Aunque afirmó que aún no ha tenido tiempo de estudiarlo en profundidad, apuntó que "en una primera impresión" el documento del CGPJ incluye sugerencias "que se pueden tener en cuenta" y precisó que se incorporarán si van en el sentido de reforzar el control de los condenados. La introducción de medidas de aseguramiento para terroristas y agresores sexuales fue acordada entre el Gobierno y el PP a raíz del pacto sobre la Justicia de esta legislatura.
