La Asamblea General del Parlamento de Uruguay no pudo levantar el veto impuesto por el presidente del país, Tabaré Vázquez, a la reforma legal que pretendía abrir camino a la despenalización parcial del aborto.
En la reunión extraordinaria, no se lograron los tres quintos votos de cada cámara para levantar el veto presidencial a una reforma legal que había sido aprobada por diputados y senadores del Frente Amplio, la coalición de izquierdas en el Gobierno que dirige el propio Vázquez.
Tal y como le permite la Constitución, Vazquez impuso el jueves pasado su veto a la reforma legal que permitía la interrupción del embarazo en algunos supuestos, después de que la semana anterior el Senado, con mayoría del Frente Amplio, diera su respaldo al texto ya aprobado por el Congreso de los Diputados.
Los legisladores del Frente Amplio acudieron con pesimismo a esta Asamblea General del Parlamento, ya que el rechazo al aborto de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado, y la falta de una mayoría absoluta entre las dos Cámaras hacían poco probable el levantamiento del veto de Vázquez.
En la votación nominal, de los 29 senadores (de un total de 31) presentes en la Asamblea, respaldaron el mantenimiento del veto 14 y 15 votaron por levantarlo; de los 90 diputados participantes (de un total de 99), 44 reafirmaron el veto y 46 apoyaron su anulación.
Hubo dos legisladores del Frente Amplio que apoyaron al presidente y su veto, y algunos otros parlamentarios oficialistas y opositores se retiraron de la sala. El ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue el único legislador de esta fuerza opositora que apoyó el levantamiento del veto presidencial.
Vázquez había alegado argumentos jurídicos, científicos y éticos para imponer su veto y actuar, así, en contra de sus compañeros políticos, en una posición muy criticada en el seno del Frente Amplio. En Uruguay cada año se practican unos 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, según organizaciones no gubernamentales.
El veto se aplica a los capítulos II, III y IV de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En el artículo octavo del capítulo II se expresa que "en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas". Y según el artículo noveno, esa interrupción voluntaria del embarazo se podría realizar en supuestos de penuria económica y circunstancias sociales o familiares.
El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, llegó a amenazar con la excomunión a los legisladores que apoyaran la nueva ley.
Las organizaciones feministas que respaldan la despenalización del aborto han acusado al presidente uruguayo de ejercer un "acto de autoritarismo", al igual que han hecho algunas corrientes dentro del Frente Amplio, como las Juventudes del Partido Socialista, al que pertenece el propio Vázquez.
