Una conversación estos días con cualquiera de los delegados municipales de Hacienda de los ayuntamientos andaluces despeja las dudas que hubiera sobre la situación de asfixia financiera que sufren las corporaciones locales. La drástica caída de los ingresos que recaudan vía impuestos y la exigua participación en los tributos cedidos por el Estado(un 13,5%) les impiden, en numerosos casos, cuadrar las cuentas para 2009. La situación se agrava en algunos ayuntamientos con plantillas sobredimensionadas y una cartera de servicios municipales que ahora, en tiempos de crisis, se ven incapaces de costear. La situación es tan grave que todos los grandes partidos políticos han hecho frente común en la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) para articular una posición única del municipalismo en sus reclamaciones a la Junta. En suma, los ayuntamientos piden tres cosas: 1) Más competencias; 2) que parte del dinero de la deuda histórica que debe entregarle el Gobierno Central a Andalucía se destine a paliar el déficit local y 3) una mayor participación en los tributos que recauda la comunidad autónoma. Parte de esas reclamaciones serán atendidas en 2009 mediante la aprobación de la ley andaluza de régimen local y de la norma que regulará esa participación en los impuestos. Ahora bien, hay que analizar por separado las tres reivindicaciones para entender si tienen o no razón de ser. Por empezar por la última, hay un cierto consenso en comprender que hay que darle una salida legal a la vieja reclamación de los ayuntamientos de una mayor participación en la tarta de los ingresos del Estado. Los ayuntamientos no pueden seguir siendo los hermanos pobres de la Administración, pues, entre otras cosas, prestan muchos más servicios de los que les competen por ley, pero sin embargo tienen menos dinero y terminan por buscar financiación a través de la vía urbanística, un recurso que encima ahora se les agota. Es evidente, por tanto, que las corporaciones locales requieren de mayores recursos financieros para sufragar los servicios que prestan a sus vecinos. Y necesitan además que venga regulado por ley y con cifras y tantos por ciento muy determinados que impidan arbitrariedades en el reparto de los fondos. Pero esta reclamación, que a todos les parece justa, no puede acompañarse de un glosario de competencias como el que reclama la FAMP a la Junta ni, por supuesto, con una petición como la de que se destine el dinero de la deuda a tapar el agujero local. En el primer caso, porque no se puede jugar a hacer una descentralización a la carta y porque además hay que explicar para qué se quieren competencias tales como tener la última palabra en la aprobación de los PGOU, participar en los procesos de matriculación de los colegios públicos o concertados o decidir qué actividades émpresariales se implantan en sus territorios, todas ellas decisiones que necesitan de la coordinación de una Administración que vele por el interés general de todos y no el suyo en particular. Y en cuanto a la deuda histórica, por algo tan sencillo como que se ha reclamado siempre con criterios finalistas. En concreto, para la mejora de servicios públicos como la educación, la sanidad y la vivienda. Se comprende la llamadade auxilio de los municipios, pero destinar parte de este dinero a sofocar las deudas de los ayuntamientos sería tan ilógico como aceptar que la ayuda que prestará el Estado a los bancos la destinaran estas entidades a cuadrar sus balances y no a garantizarle liquidez a las empresas y a las familias españolas.
