La pugna territorial que en los últimas 11 años mantienen Dos Hermanas y Sevilla volverá al Tribunal Supremo y, de no resolverse, podría llegar a manos del Constitucional. El Ayuntamiento nazareno interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la última decisión del Consejo de Ministros, tomada a finales de enero, de rechazar la petición de anulación del decreto de julio de 1937, por el que el general Franco segregó 2.763 hectáreas del término de Dos Hermanas a favor de la ciudad de Sevilla.
Será la segunda vez que el caso llegue al Supremo. Ya en 2007, el Consistorio nazareno elevó al tribunal la pugna por las lindes con Sevilla, tras encontrar, primero, la negativa de la Junta de Andalucía y, en segundo lugar, plantear la reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que la desestimó ese mismo año. El Tribunal Supremo llegó a admitir a trámite el recurso de Dos Hermanas, aunque finalmente falló a favor de Sevilla y dejó la división de los términos como están desde 1937.
El frente de batalla se mueve en torno a la petición de nulidad del decreto que fue rechazado por el Consejo de Ministros. El Estado resolvió que era "no competente" para resolver la alteración entre dos términos dentro de una misma comunidad autónoma, a la vez que precisó que era competencia de la Junta de Andalucía. Esta última administración admitió que "carecía de atribuciones para revocar o declarar formalmente la nulidad de pleno derecho de normas de carácter estatal", según se recoge en el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento nazareno.
Ese argumento motivó la presentación del recurso contencioso-administrativo, "sin perjuicio de la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencias en vista de las resoluciones adoptadas" por el Gobierno central y la Junta de Andalucía.
Esa apreciación final abre un nuevo frente en el conflicto que se inició en 2000 entre Sevilla y Dos Hermanas: el caso podría llegar al Tribunal Constitucional, algo que se planteó hace un año, pero que se aparcó para reclamar la nulidad del decreto al Estado. Esa resolución, en la que se declara no competente, le da pie al Consistorio nazareno para plantear el conflicto negativo de competencias. "Nos hallamos ante dos administraciones, la estatal y la autonómica, que se declaran incompetentes para conocer de la declaración de nulidad de un decreto de 1937, obviamente estatal en su origen pero que versa sobre una materia transferida a la comunidad autónoma andaluza", indica el informe jurídico del Consistorio Nazareno, que propone reiterar la solicitud de nulidad al Consejo de Gobierno Andaluz para que, cuando se pronuncie, se "inicie el conflicto ante el Tribunal Constitucional".
El embrollo judicial tiene su origen en la petición de Dos Hermanas de verse resarcido de los perjuicios recibidos durante el régimen franquista, que le arrebató unas tierra en beneficio de la capital hispalense. El Consistorio nazareno quiere incorporar a su término suelos que le pertenecían y que en la actualidad son barrios consolidados de Sevilla, como Bellavista o Los Bermejales. En ese sentido, estuvo a punto de salvar toda la maraña judicial cuando Dos Hermanas limitó sus exigencias a un corredor hasta la ermita de Valme, en Cortijo de Cuarto, algo que no fructificó.
Un callejón sin salida ni pactos
Sevilla y Dos Hermanas viven un idilio de encontronazos por un puñado de tierras. Este callejón sin salida, del que nadie da su brazo a torcer, se inició en enero de 2000, cuando el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE), reclamó a la Junta de Andalucía y a la Diputación los terrenos que pertenecían a su ciudad en 1937, aunque haciendo una salvedad con Bellavista, ya que entendía que “se podían sentir más vinculados” a la capital hispalense.
En este primer choque, el Consistorio hispalense se cerró en banda al afirmar que “de ninguna manera cedería término”, mientras que la por aquel entonces consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, confiaba en que la reclamación “no se convertiría en un conflicto entre ambas partes”Se equivocó. Aunque un año después, en 2001, se pusieron a negociar y casi alcanzan un acuerdo, ya en marzo de ese año se escucharon los primeros tambores de guerra: habría pleito si Sevilla no cedía Valme y la Pablo de Olavide. La negociación se rompió en agosto y, en septiembre, la Junta se lavó las manos en la disputa.Ya en 2004, la Junta se pronunció a favor del Ayuntamiento de Sevilla y eso desencadenó la batalla judicial. Se recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la rechazó el 12 de abril de 2007.
Lejos de rendirse, el Consistorio nazareno presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también se desestimó el 27 de enero del pasado año. Eso movió a la última intentona nazarena, que fue reclamar la nulidad del decreto franquista de 1937, algo que fue rechazado hace un mes por el Consejo de Ministros.
