El Consejo de Gobierno aprobará hoy "un nuevo decreto ley de reordenación del sector público" que sustituye al texto que tanta controversia suscita entre los funcionarios, pero que en realidad "es el mismo". Con este mutis lampedusiano del es necesario que todo cambie para que todo siga igual, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunció ayer que mantiene intacta la polémica norma, pero aceptará debatirla en el Parlamento y asumir futuros cambios.
Aguayo y los secretarios generales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, han pasado el fin de semana negociando cómo integrar a los sectores contrarios a la reforma sin dañar lo acordado. Ayer comparecieron en San Telmo para aclarar que el nuevo decreto ley conserva el 95% del anterior y sólo incorpora los cambios ya pactados con CCOO y UGT, los únicos sindicatos que lo apoyan. La diferencia es que esos cambios ya no se incorporarán vía enmiendas en la ley de Presupuestos, como estaba previsto. El decreto será tramitado como proyecto de ley en la Cámara, permitiendo incorporar las aportaciones de la oposición y los agentes sociales, sobre todo del sindicato mayoritario de funcionarios (CSIF), el más beligerante con la reforma.
En las últimas semanas, la bronca diaria de los funcionarios y la presión sobre el presidente José Antonio Griñán han hecho recapacitar al PSOE y al Gobierno andaluz. Por muy seguros que estuvieran de los parabienes de la reforma del sector público, la disidencia rígida de miles de funcionarios estaba poniendo en peligro la estabilidad de la Junta y el riesgo crecía a medida que se acercan las elecciones. Al final, el coste político para Griñán ha forzado a reabrir el diálogo. Ha sido una rectificación sin rectificar, porque la norma es la misma, pero el procedimiento para desarrollarla (a través del debate parlamentario) es un camino que la Junta se negó a tomar hace cuatro meses, cuando entró en vigor el primer decreto ley. Esa ambigüedad hizo que la consejera intentara eludir la palabra "derogar" al referirse al decreto ley. El PP y CSIF le habían exigido la derogación del texto. Aguayo explicó que el decreto ley "renace" hoy, que "sustituye" al anterior, dijo que no era necesario derogarlo y luego aclaró que formalmente sería derogado en cuanto fuese aprobado el nuevo.
En cualquier caso, el texto sigue siendo el mismo. El debate parlamentario será en febrero, pero la norma "no pierde eficacia jurídica", así que los cambios previstos en las empresas públicas seguirán su curso. Eso sí, la aprobación de un nuevo texto permite sortear los recursos judiciales que había contra el anterior, a pesar de que el articulado es el mismo. "Esto es un mero blanqueo de formas que no resuelve nada", advirtió CSIF.
El portavoz socialista, Mario Jiménez, confirmó que fue ayer mismo por la mañana cuando la Junta le pidió que no registrase los cambios al decreto del sector público utilizando las enmiendas al Presupuesto. Aunque Jiménez no quiso admitir en ningún momento que se daba marcha atrás en los planes iniciales, al final dijo que "con este nuevo escenario" se abre "una magnífica oportunidad", "una nueva vía de diálogo" con todos los sindicatos contrarios al decreto.
Durante el trámite de audiencia pública del nuevo proyecto de ley en el Parlamento, los socialistas "contactarán con todos los sindicatos con representación legítima" dentro de la función pública. De hecho el portavoz del PSOE-A tendió la mano al CSIF y se ofreció a recoger sus propuestas como enmiendas al nuevo texto legal, "siempre desde el respeto" -aclaró- al acuerdo cerrado con CCOO y UGT. "Cada grupo político tendrá ahora que retratarse y decir cuál es su modelo. Sin manipulaciones, sin mentiras y sin engaños a la opinión pública. Ahora veremos si el PP de Javier Arenas está poseído por el espíritu Cameron o no y si quieren echar a la calle a 20.000 trabajadores públicos", agregó.
Desde IU, Diego Valderas, celebró que Griñán rectifique "su error" con el sector público por la "fuerte presión política y sindical". "Nos alegramos aunque venga con cuatro meses de retraso", dijo.
Pastrana: «Es evidente que en este proceso se han cometido errores»
El debate sobre el sector público estaba “contaminado de mentiras”. “La manipulación que se está haciendo debe quedar visualizada y el debate parlamentario es el sitio adecuado para manifestar la verdad de lo que el Gobierno quiere hacer y para que los partidos digan en qué parte se dice que se va a privatizar o se va a enchufar a alguien o se va a ser funcionario por la puerta de atrás”, dijo ayer Martínez Aguayo. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, admitió que “en todo este proceso se cometieron errores, en un primer momento por parte del Gobierno”, pero acto seguido cargó contra el CSIF, principal impulsor de la protesta, “porque sólo representa al 20% de funcionarios en la mesa de Función Pública”, mientras que CCOO y UGT, al 38% cada una.
Carbonero: «Estaremos atentos a que en el debate no haya desvíos»
CCOO y UGT han aceptado dar marcha atrás para que el debate parlamentario recoja “con luz y taquígrafos” las aportaciones del PP, IU, CSIF y el resto de agentes implicados en la reforma del sector público. Pero el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero advirtió de que “estará atento a que ese debate en el Parlamento no tenga desvíos hacia aquello que debe ser una gestión de lo público”. “Tenemos metido en vena la defensa a ultranza de lo público, como elemento de igualdad para la sociedad y si no hay calidad en el empleo no habrá un servicio público de calidad”, dijo. Carbonero fue especialmente crítico con el PP, a quien acusó de haber acabado con todas las empresas públicas cuando gobernaba el país y Arenas era ministro de Trabajo.
