El Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido lo que hace décadas no sucede en España: unir a decenas de miles de ciudadanos con intereses muy diferentes de todos los sectores y condiciones para protestar contra las últimas medidas que ha tomado el Ejecutivo, el denominado mayor recorte de la democracia.
Policías, bomberos, pensionistas, parados, jóvenes, militares, guardias civiles, jueces, sanitarios, maestros y trabajadores de todos los sectores salieron ayer a las calles de más de 80 ciudades del país para gritar alto y claro que no están de acuerdo con una política de recortes que afecta de lleno al bolsillo de la sociedad española. Y justo el mismo día en el que el Gobierno aprobó el paquete de medidas mostrando su soledad en el Congreso de los Diputados.
Los motivos no son baladíes. Entre las medidas convalidadas se encuentran la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de la paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda en 2013 y el alza de retenciones en el IRPF en las actividades profesionales.
Numerosos lemas -el que presidió todas las protestas fue Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más- y proclamas se vieron por las distintas ciudades mezclados con las banderolas de las múltiples organizaciones sociales y sindicatos convocantes de la manifestación, que cifraron en 800.000 el número de asistentes.
La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, donde los bomberos fueron los grandes animadores, incluso llegaron a llevar un coche contra incendios a la protesta. Y un mensaje muy claro: Trabajadores quemados.
De hecho, el masivo respaldo a la convocatoria hizo que la manifestación se convirtiera en la capital en una concentración en la que era muy complicado avanzar. La gente de la cultura también salió a la calle en tromba para mostrar su desacuerdo por un alza del IVA que afecta a su profesión de lleno. También autónomos y funcionarios de todo tipo gritaban consignas contra Rajoy y su Gobierno. "Esta reforma es un atraco", "que se jodan ellos", "Rajoy, escucha, el pueblo esta en la lucha" o "se va a acabar la paz social", fueron algunos de los que pudieron escucharse en las distintas capitales españolas.
La segunda en importancia fue la Ciudad Condal. Miles de personas -400.000 según los sindicatos y 40.000 según la Guardia Urbana- se manifestaron por el centro de Barcelona. La marcha avanzó de forma pacífica, con silbatos y gritos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno. En Bilbao, cerca de 25.000 personas, según los convocantes, salieron a la calle de la capital vizcaína para criticar los recortes.
En la manifestación de Valencia, también fue muy numerosa, agentes de la Policía Local encabezaron la protesta como proclamas como "no hay bastante Policía para tanto chorizo" y "políticos ladrones, la Policía hasta los cojones".
CON VISOS DE CONTINUIDAD. Y esta no fue ni la primera ni la última de las protestas que los sindicatos y las organizaciones sociales piensan llevar a cabo en las próximas semanas y meses que podrían desembocar en una huelga general. Tanto CCOO y UGT como los sindicatos de funcionarios no descartaron convocar una protesta masiva en todos los sectores que en principio tendría lugar en septiembre.
En el manifiesto, los sindicatos y las organizaciones sociales señalan que se preparan para activar las respuesta "más adecuada" en el caso de que el Gobierno no modifique su política económica y "antisocial", que consideran una "agresión sin precedentes". Además, cuestionaron la elección de un Ejecutivo que se "saca de la manga un programa oculto" y que, denunciaron, no ha parado de decretar recortes despreciando las alternativas presentadas por las propias centrales sindicales.
De esta forma, los representantes de los trabajadores vaticinan que si el Gobierno mantiene la hoja de ruta en materia económica sostenida hasta la fecha, "la situación económica empeorará y el paro podrá superar los seis millones de personas a finales de 2012".
Ante esta situación, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, aseguraron que la manifestación contra los ajustes de ayer "no es el acto final de nada", sino que proseguirán las movilizaciones en agosto, al tiempo que se celebrará una "amplia" cumbre social en julio con la participación de todos los actores sociales que quieran exigir una rectificación al Gobierno. Además, le animaron a convocar un referéndum para que compruebe el respaldo social a las medidas.
En este sentido, Toxo reiteró que el Gobierno debería convocar un referéndum para que la sociedad elija la adopción o no de medidas de austeridad y aseguró que si no lo hace los sindicatos buscarán la manera de llevar a cabo esta consulta. Más aún, dijo que la respuesta del Ejecutivo a esta consulta "determinará los pasos ulteriores".
Por su parte, Méndez defendió la "legitimidad" de la sociedad para pedir una "rectificación en profundidad" de los ajustes, que consideró una "política suicida" para los países del sur de Europa y una "amenaza para el desarrollo de los pueblos del mundo". Concretamente, acusó al Gobierno de faltar al "respeto" a los funcionarios y los parados.
Asimismo, puso en evidencia la soledad en la que el Gobierno convalidó ayer en el Congreso los ajustes y afirmó que está fracasando "estrepitosamente" al "despreciar" el diálogo social.
En el mismo sentido se manifestaron los sindicatos de la función pública, que no descartaron una huelga general en toda España, "pues las medidas que ha adoptado el Gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en mayo de 2010, trascienden a todos los sectores productivos", aunque matizaron que es una decisión "que se debe tomar en conjunto".
Los secretarios generales de FSP-UGT y FSC-CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y el vicepresidente de CSI-F, José Fernández, presentaron la plataforma sindical mediante la que impulsarán nuevas movilizaciones en contra de los recortes aprobados la semana pasada por el Ejecutivo. En la plataforma están también presentes los sindicatos CGT, ELA, LAB, CIG, Gestha (técnicos de Hacienda), Satse (sanidad), STAJ (justicia), CESM (sanidad), USAE (sanidad), ANPE (enseñanza) la Unión General de Guardias Civiles o la Unión Federal de la Policía, entre otros.
Por su parte, CSI-F confirmó que mantiene la convocatoria de huelga general en la función pública para finales de septiembre y que seguirá adelante con la iniciativa "a pesar de que ningún otro sindicato la apoye".
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales también se sumaron a la manifestación de Madrid al considerar que las medidas acordadas suponen "un ataque al estado social".
TAMBIÉN LA POLICÍA. A lo largo del día de ayer hubo más protestas. Más de 30 furgones del Cuerpo Nacional de Policía aparecieron por la mañana con una de las ruedas pinchadas en el centro policial de Moratalaz (Madrid) donde estaban aparcadas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó de que se ha abierto una investigación para identificar al autor del sabotaje, mientras que el SUP defenderá jurídicamente a los agentes relacionados con la acción.
Por su parte, la Mesa del Turismo mostró su preocupación por los "perjuicios" que puede ocasionar al sector turístico las huelgas y manifestaciones.
