La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantendrá la autorización parcial de bombeo a la mina de Cobre Las Cruces, que se concedió por motivos de seguridad, y seguirá adelante con el procedimiento sancionador hasta que un juez ordene lo contrario.
El presidente de la CHG, Francisco Tapia, ha dicho hoy a los periodistas que el proceso administrativo que la CHG abrió contra Mina Las Cruces en mayo pasado se refería a unas irregularidades administrativas que son distintas al delito ecológico por el que ahora la Fiscalía de Sevilla ha denunciado en el juzgado a la empresa.
El expediente, que puede concluir con una multa de hasta 600.000 euros impuesta en Consejo de Ministros, se refería a los bombeos de agua instalados en la corta minera, que por un aparente error de cálculo estaba devolviendo el agua a la cuenca contaminada por metales y en cantidad inferior a la que tomaban, han explicado a los periodistas fuentes de la CHG.
Tras paralizar la actividad, la CHG concedió una autorización parcial para bombear agua, por motivos de seguridad, que es la que se va a mantener, según ha afirmado Tapia.
No obstante, ha asegurado que la CHG "va a seguir con atención especial lo que sucede en la corta".
A diferencia del expediente abierto por la CHG, la Fiscalía ha imputado a la empresa minera un presunto delito ecológico por contaminar las fuentes que abastecen a los municipios de la zona, según la CHG.
Tapia ha asegurado que la querella de la Fiscalía se ha impuesto de manera independiente al expediente de la CHG, y sólo cuando el juez abra un proceso penal "nos tendríamos que plantear paralizar los expedientes".
Por la misma razón de tratarse de "ámbitos distintos", ha dicho Tapia, la CHG va a mantener la autorización parcial de funcionamiento de los bombeos".
La empresa Cobre las Cruces, filial de la compañía canadiense Inmet Mining, construye desde la primera de 2006 la mina de cobre a cielo abierto de Europa en la provincia de Sevilla, en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena.
