En su toma de posesión el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se fijó como objetivo número uno la creación de empleo. Un propósito la mar de lógico (y apremiante) en un país con casi cinco millones de parados, pero... nada novedoso. Empleo, austeridad, déficit, reforma o ajustes son los trending topic de la política española de hoy. En este último año electoral cada candidato a ocupar un cargo público ha repetido hasta la extenuación esta noble intención. También el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. El empleo y el desempleo han ocupado buena parte de los discursos de Zoido tanto en la oposición -especialmente los últimos tres años- como ahora al frente del gobierno municipal. Al igual que De Guindos, el primer edil de Sevilla se marcó como máxima prioridad la creación de puestos de trabajo el día de su toma de posesión el pasado 11 de junio. No podía ser de otra manera en una ciudad con más de 82.000 parados, muchos de los cuales ya no tienen acceso a prestación alguna.
Tres meses después de aterrizar en Plaza Nueva, Zoido constituyó la que debía ser una de las grandes apuestas municipales para luchar contra el paro: la Mesa por el Empleo, un ente en el que estuvieran representados los empresarios y los sindicatos. Los ciudadanos que por abrumadora mayoría le habían votado el 22-M -los del PP de toda la vida, pero también los del PSOE e IU que querían un cambio-, pudieron visualizar que la preocupación tantas veces repetida a lo largo de los años se convertía en realidad. Otros tres meses después, esa mesa (de la que los sindicatos se han retirado ante su inactividad) aún no ha lanzado iniciativa alguna. Cuanto menos es llamativo. Cuando el PP estaba en la oposición responsabilizó a los anteriores gestores, liderados por el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, del aumento del paro y cuestionó su capacidad para reactivar la economía e incentivar la contratación. En dicha supuesta incapacidad el PP basó la urgencia del cambio en la Alcaldía. Aún es pronto para buscar culpables, pero este aterrador panorama no admite demoras. El paro no deja de subir: noviembre se cerró en la capital con 82.519 desempleados, 5.855 personas más que el pasado año en estas mismas fechas y 282 más que en el mes de octubre.
No obstante, sería injusto y también sería faltar a la verdad decir que el gobierno no ha hecho nada, que se ha limitado a estar quieto porque no ha puesto sobre el tapete un plan con nombres y apellidos. Mejores o peores, en estos meses ha aprobado algunas medidas: la supresión de las licencias de apertura, la creación de una nueva oficina de plan estratégico, la congelación de los tributos, el pago a los proveedores, la celebración de eventos internacionales o el mantenimiento de los recursos locales para programas formativos de empleo. Una hoja de ruta con una ideología clara: favorecer a los empresarios (grandes, medianos y pequeños) con la esperanza de que generen empleo. Y digo esperanza porque el gobierno no exige a los pequeños, medianos y grandes empresarios nada a cambio de las facilidades otorgadas. En el pleno extraordinario sobre empleo celebrado el pasado jueves, Gregorio Serrano, el delegado de Economía, lo dejó claro: "El objetivo del Ayuntamiento no es ser una agencia de colocación y creación de empleo sino favorecer las condiciones para que los empresarios lo creen". Las palabras de Serrano respondían a la propuesta de la oposición de poner en marcha un plan público de contratos a parados de larga duración.
El PP lo rechazó por "ideología" y está en su derecho. Como partido vencedor en las elecciones de mayo (además por goleada) tiene la potestad y obligación de poner en marcha las propuestas que considere más oportunas. Si esas son potenciar la participación privada frente a la intervención del gobierno, pues perfecto. Lo importante es dar con la clave que ponga fin a la destrucción de empleo. Pero no estaría de más guardarse un as en la manga. Aún más cuando el dinero público paga esas facilidades. Primero porque la experiencia nos ha enseñado que favorecer escenarios para la recuperación de otros no siempre repercute en la sociedad (el Estado rescató con miles de millones de dinero público el sistema financiero con la esperanza de reactivar el crédito que salvara a ciudadanos y pequeños emprendedores, hoy el dinero sigue sin circular). Y segundo porque en el ciudadano de a pie crece la sensación de que siempre se auxilia a los mismos.
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