Otras 16 personas del clan de los caracoleños, exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana, comparecieron ayer en el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, tras la denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) contra la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que habitaban antes de abandonar el barrio, pisos que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a haber sido precintadas por la Administración autonómica.
El abogado del clan, José Estanislao López, que representa los intereses de este colectivo, informó a Europa Press de que el Juzgado tomó ayer declaración a 16 personas, que se suman a las 22 que declararon ya la semana pasada. A todas ellas la juez les ha dado diez días de plazo para el desalojo voluntario de estas viviendas pertenecientes a la Administración autonómica. El abogado ya ha recurrido el desahucio y ha pedido como pruebas varias declaraciones, entre ellas las de los representantes de EPSA.
Al igual que en las comparecencias anteriores, estas personas han reconocido que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el juzgado les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello. No obstante, estas 16 personas han alegado ante el juez el supuesto desconocimiento del régimen público que rodea a estas viviendas y que su situación no dista del escenario que sufre el parque público de viviendas del Polígono Sur.
Por ello, el abogado advirtió de que esgrimirá el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos" de las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas". De hecho, el letrado recurrió el viernes los plazos de desalojo voluntario dictados para las familias que habían comparecido hasta entonces.
Además, reclamó como pruebas testificales, las comparecencias de la coordinadora y los responsables legales de EPSA y de los asistentes sociales del Ayuntamiento de Sevilla que han tratado a estas familias.
Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio 42.000 euros por su marcha, se autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte fortuita de un menor en un tiroteo entre clanes.
El 31 de julio de aquel año regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. La Junta había iniciado una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias
De las 41 familias del clan al menos 36 carecían de vínculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad.
Maetzu:«La actuación del juzgado es irreprochable»
El Comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, calificó ayer de "irreprochable" la actuación del juzgado. "No se está atacando a nadie, es cierto que ellos están ocupando ilegalmente un lugar. Ahora se volverán a citar a los demás grupos y todos estamos a expensas de lo que decida el juzgado y del seguimiento judicial".
Maetzu dijo que se ha pretendido evitar el conflicto, "pero no se ha conseguido", a lo que añadió que desde el Comisionado "estamos convencidos de lo que iba a suceder y ellos sabían que no podían venir en masa y haciendo una entrada de forma irregular".
De hecho, explicó que la intención era "evitar situaciones que ya se han producido en años anteriores", ya que "no es posible la convivencia" con estas familias viviendo en estos edificios. Maetzu aclaró que "todo el mundo tiene derechos y obligaciones y ellos también. Pero no solamente van a tener ellos derechos y obligaciones no". Además, recordó que las viviendas se cerraron y que se inició un proceso de regularización que no ha sido "favorable" en algunas familias.
