El juicio del caso Malaya, contra la corrupción urbanística en Marbella, empezó ayer a su hora. Y ésta es la noticia más destacada tras los numerosos intentos efectuados por determinadas defensas para impedirlo y el empeño de la Audiencia Provincial en que el proceso comenzase. La vista estaba fijada a las 10.00 horas, aunque los procesados empezaron a dejarse caer por la Ciudad de la Justicia desde las 7.30, cuando las televisiones de todo el país habían tomado ya las escalinatas del edificio. Decenas de policías custodiaban la zona. En sólo 30 minutos, el tribunal identificó a los acusados, de los que sólo faltó el tasador José Mora, gravemente enfermo.
El caso arrancó con las cuestiones previas, dado que el debate sobre el fondo de los hechos no empezará hasta que no declaren los acusados. Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama, será el primero en hacerlo a principios de noviembre. La intervención más temprana fue la de Rocío Amigo, abogada de Roca, quien acusó a la policía de "mentir" y al juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso, de seguir sin evaluar los dictados de los agentes. Pidió la anulación de las escuchas telefónicas al considerar que se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones de su patrocinado. Su compañera Yolanda Terciado, que codefiende al ex asesor de Urbanismo, exigió la nulidad de los autos que motivaron los registros al no haber estado presente el interesado.
El catedrático de Derecho Penal Horacio Oliva, que patrocina a cuatro de los abogados del despacho madrileño que crearon el entramado societario tras el cual ocultó Roca su patrimonio (más de 240 millones), también aludió a toda una catarata de vulneraciones de derechos constitucionales. En su opinión, todos los autos que dieron cobertura legal a las detenciones son nulos por falta de motivación.
Los arrestos, en definitiva, se hicieron con el objetivo de "ablandar" a los encausados, mantuvo Oliva, que consideró que tampoco fue "proporcionado" el registro del despacho en Madrid, ni se justificó adecuadamente la irrupción de la Policía. Según aclaró, éste es un proceso lleno de "irregularidades". El más duro con la actuación policial y con las decisiones de Torres fue Francisco Soriano Zurita, representante del responsable del bufete madrileño e imputado, quien atacó duramente al instructor, calificándolo de "inquisidor" y exigiendo la nulidad radical de todo lo actuado. También se quejó de las condiciones que soportaron durante los seis días que estuvieron arrestados los juristas.
Hoy seguirá la fase de cuestiones previas con la intervención del resto de los letrados.
El tribunal, una vez que contesten las acusaciones -Fiscalía, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Hacienda-, suspenderá la vista -como pidió sin éxito Rocío Amigo- para emitir un auto resolviendo sobre estas peticiones.
A principios de noviembre podrían empezar a declarar los acusados. De tenerse en cuenta los deseos de las defensas, el proceso podría quedar seriamente maltrecho. Roca, que fue trasladado desde Alhaurín de la Torre y estuvo custodiado durante toda la vista por tres policías, y los 94 acusados restantes se enfrentan a 509 años de cárcel y al pago de multas de más de 4.000 millones de euros por delitos de cohecho, blanqueo, malversación, fraude y prevaricación, entre otros ilícitos.
Las grandes cifras del caso -a Roca se le atribuyen el blanqueo de 240 millones y un patrimonio de 200- y la popularidad de algunos encausados -Julián Muñoz o Marisol Yagüe- han atraído a la prensa. Es, por otro lado, el juicio de corrupción más voluminoso de la historia española con más de 200.000 folios. De él han nacido 30 investigaciones más ahora en curso. El hecho de que el plenario haya empezado se debe, sobre todo, a la determinación de la Sala presidida por José Godino. Y ésta fue la gran novedad del día, después de que algunas partes intentaran boicotear el inicio. La Sala del Jurado ha requerido de una importante reforma. La estancia cuenta con la última tecnología.
