Cuando el municipio de turno estaba con la soga al cuello, era la Diputación de Sevilla quién le sacaba del atolladero sacándose de su chistera planes extraordinarios. El remanente positivo de tesorería del que gozaba -y sigue gozando, aunque ahora más hermético por obra del plan de estabilidad presupuestaria diseñado en Madrid- valía como bote salvavidas, con cientos de millones de euros dedicados a los pueblos. Así cumplía su misión de ser el Ayuntamiento de los ayuntamientos, lema publicitado años atrás para definir a la institución provincial.
El anteproyecto de Hacienda en cambio, elevaría ese lema a su máxima expresión, ya que conferiría a la Diputación un papel más ingrato: la de ser el alcalde suplente. Y es que sería la administración encargada de asumir los servicios que el alcalde, elegido por las urnas, no haya podido enderezar. Eso se aplicará principalmente en los pueblos más pequeños, esos que no arrastran deudas millonarias, en parte, porque nunca han tenido capacidad ni recursos para grandes emolumentos. El documento es claro al respecto: los pueblos pequeños menores de 5.000 habitantes serán "intervenidos temporalmente" si se cumple algunas de estas variables, no tan complejas que se puedan dar, como son el de superar el nivel de deuda permitido, no presentar el plan de reducción de deuda o incumplir la entrega de información puntual al Ministerio de Hacienda de las cuentas públicas.
No es baladí, porque en ese grupo de pueblos catalogados como pequeños no es como en Soria, donde hay pueblos con una población de apenas unos centenares de habitantes. En tal terna entran municipios del empaque de Villamanrique de la Condesa, El Pedroso o Castilleja de Guzmán. Para el relevo en la Alcaldía, sólo hace falta que el interventor o institución que ejerza la tutela emita el informe y que la Diputación apruebe en el pleno su intervención. A partir de ahí, podría modificar el plan económico financiero, ejercer competencias y dar instrucciones oportunas a la plantilla municipal.
Si por cuestiones económicas puede haber una moción de censura al alcalde, a los municipios menores de 20.000 habitantes también se les podría retirar las competencias de los servicios que "no cumplan el estándar fijado" desde Madrid. Y eso volvería a caer en manos de la Diputación otra vez, que volvería a ejercer de regidor a pesar de que sus cargos no han salido directamente de unas elecciones.
Pese a salir, en teoría, beneficiado en el reparto, la Diputación de Sevilla no está contenta. Lo dice por activa y por pasiva su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, municipalista de pro, que ayer volvió a rebelarse contra una reforma en la que el Ayuntamiento "se reducirá a ser una empresa más que presta servicios y que se rija por cuentas de resultados".
Pero hay una segunda lectura. Si la Diputación se ve obligado a la intervención, ¿será capaz de asumir tanta carga de trabajo? En esa línea, hay quién pregona -en especial PSOE e IU- que se ha planificado con la idea de que la única salida sea la privatización a través de concesiones. Un extremo que sólo el tiempo lo aclarará.
