Un "engaño" perpetrado por un comercial de la aseguradora Vitalia y el mediador Juan Lanzas, a los que denominó "trileros". Así es como justificó ayer la dueña del restaurante Río Grande de Sevilla, María del Carmen García, ante la jueza Mercedes Alaya el hecho de que en el expediente de regulación de empleo (ERE) apareciera una intrusa. Ella asegura que no sabía que hubiera una persona ajena a la empresa y afirma que las ayudas públicas para subvencionar el ERE las tramitó Vitalia o sus asesores. Una "historia" para Alaya "poco creíble".
En su declaración, García dijo que no conocía a Carmen Fontela, la intrusa que ayer también tuvo que comparecer en el juzgado, y que si su firma aparecía en la póliza de Fontela es porque "se trata de trileros y no sé como consiguieron mi firma". "No sé cómo ocurrió, me engañaron", dijo. García se refería así a González, comercial de Vitalia, y a Lanzas, que también intervino.
Y es que según relató, tras decidir que iniciaría un ERE, González, "no sabe cómo, apareció" en el local y le informó de que la Junta subvencionaba las prejubilaciones, algo que ella desconocía. Fue González quien le presentó a Lanzas, que se encargó de explicar los "beneficios del ERE" a los trabajadores.
En cuanto a la intervención de la Junta, dijo que no conocen al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero, el principal imputado en el caso al ser quien dispuso las subvenciones. Si existió algún tipo de reunión o acuerdo se cerró con Vitalia y con su despacho de abogados, Estudios Jurídicos Villasís, en el que Lanzas trabajaba, dijo. Pero "nunca" vio un documento que comprometiera a la Junta y que el millón largo que le dieron por el ERE, ella podría haberlo asumido de haber querido.
En cuanto a la contratación de una empleada de 64 años poco antes de que se iniciara el ERE, la empresaria negó que tratase de beneficiarse ella, o alguno de los imputados, de la póliza. Según explicó, era una "cliente habitual", con "muchos contactos" y que la contrató como relaciones públicas, pese a que en su vida laboral no consta trabajos anteriores. "Me dijo que tenía 59 años", aseguró. Ésta fue una de las muchas afirmaciones que crispó a la jueza, que le recriminó varias veces su actitud, por lo que le dijo que ella "imputa e interroga" y que dejara las evasivas y se acogiera a su derecho a no declarar si prefería no contar nada.
Por otro lado, Fontela insistió ayer en que desconocía su inclusión en el ERE de Río Grande y que fue González el que le pidió que abriera una cuenta para ingresar un dinero que iba a cobrar de una deuda y que no quería que estuviera a su nombre a su nombre. Ella reconoció que lo único que cobró fueron 1.750 euros en concepto de devolución de Hacienda por declarar los ingresos de la póliza.
Fontela reiteró que era González el que gestionaba esta cuenta y ella desconocía por completo que el origen del dinero era por haberla incluido en un ERE. Ella accedió a abrir esta cuenta como favor ya que "conocía a Paco desde niño" y no creía que la iba a engañar. Así, reconoció que de los 155.000 euros que se ingresó en la cuenta durante cinco años sólo percibió 1.750 euros que "Paco me lo daba para que me tomara una cerveza". Según explicó, González tenía la tarjeta asociada a la cuenta y él era quien sacaba el dinero.
Las dos mujeres han sido imputadas por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y un delito por obtención indebida de ayudas de las administraciones públicas.
