La presidenta de la Junta con el presidente de Cepes-A, José María Algora, y el consejero de Economía / Raúl Caro (EFE)
Las empresas de economía social, a través de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A), ha pedido a la Junta estar presente en la concertación social de Andalucía, y ha demandado la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, de forma que haya incentivos en dicha contratación para permitir que puedan trabajar estas empresas de economía social.
Todos los sectores de la economía social de Andalucía y los principales dirigentes de Cepes-A se reunieron este lunes lunes con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Durante el encuentro, según explicó posteriormente el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, se han recogido las preocupaciones que han planteado los diversos sectores de la economía social andaluza.
Sánchez Maldonado señaló que la economía social le ha expuesto que les gustaría ser partícipe del proceso de diálogo abierto con las fuerzas económicas y empresariales de la comunidad, ante lo que la Junta ha «tomado nota» de las cuestiones planteadas y les ha emplazado a próximas reuniones «para recoger sus inquietudes y aportaciones en la elaboración de la nueva Agenda del Empleo y las nueva Estrategia de Competitividad de Andalucía».
El consejero reconoció que la Junta y Cepes-A «no han quedado en ningún compromiso en firme, pero la Junta sí ha tomado nota, pues nos preocupan los costes de producción, la existencia de presiones en el sector agrario». Sanchez Maldonado recordó que la Junta está desarrollando una ley que facilite el proceso de integración de cooperativas, con vistas a ganar tamaño. En ese punto, la Junta está ultimando el reglamento de la Ley de Cooperativas, que espera tener listo en próximas semanas. «El sector está muy interesado y la administración hará un esfuerzo por que esta ley esté en un tiempo razonable», agregó el consejero, quien indicó que el sector ha citado entre sus preocupaciones los problemas de comercialización, especialmente de la industria agroalimentaria.
Por su parte, el presidente de Cepes-A, José María Algora, valoró esta «extensa reunión» con todos los colectivos, donde la economía social «ha puesto en valor su forma jurídica empresarial desde el punto de vista del compromiso con el desarrollo económico, con lo local y con la cohesión social».
Algora reiteró la petición de Cepes-A de participar en la concertación social, toda vez que han «contribuido al desarrollo de un nuevo modelo productivo en Andalucía y a la generación de empleo estable y de calidad». Algora explicó que la economía social ha quedado emplazada a «seguir trabajando y estudiando su aportación, pues nos tiene que comunicar la administración andaluza cuál será el proceso de ese diálogo social y nos hemos mostrado dispuestos a participar en todos los foros donde nos llamen».
El presidente de Cepes-A indicó que también se ha hablado de las llamadas cláusulas sociales, algo ya apuntado por la presidenta de la Junta en su discurso de investidura y de lo que, según explica, «ya hay un borrador inicial sobre cómo llevar a cabo las cláusulas sociales y la contratación pública para las empresas de economía social, que son empresas muy competitivas, que colaboran con el entorno local y con colectivos de exclusión social».
Algora consideró que las cláusulas sociales «son un buen instrumento para generar actividad y empleo en estos colectivos». El presidente de Cepes-A ha recordado que la economía social supone entre el 17 y 18% del PIB y en el último semestre ha creado más de 16.000 empleos a través de cooperativas y sociedades laborales.
