Los trabajadores de la base aérea decidirán el jueves si vuelven a las protestas, como ya hicieran en 2010. / Javier Díaz
La directiva de 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, ha rechazado la propuesta del comité de empresa para sustituir por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el nuevo despido colectivo promovido por la compañía para deshacerse de otros 55 trabajadores. En esta penúltima reunión del periodo de consultas del despido colectivo, no obstante, el comité de empresa ha propuesto un plan de "reestructuración" de la plantilla.
José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de VBR, ha explicado a Europa Press que en este nueva reunión del periodo de consultas del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por VBR, la empresa "ha rechazado" sustituir por un ERTE el mencionado despido colectivo. En concreto, el comité proponía esta medida transitoria hasta que los gobiernos de Estados Unidos y España, así como la nueva empresa adjudicataria de la gestión de los servicios civiles de la base, determinen definitivamente tanto el contingente militar estable que acogerán las instalaciones, como el número de trabajadores necesario para atenderlas.
Dado el caso, el comité de empresa ha propuesto un plan de "reestructuración" de la plantilla con una congelación de salarios hasta 2019, bajas voluntarias para cualquiera de los trabajadores mayores de 55 años con indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades, pero por contra la "absorción" de los trabajadores despedidos en el ERE de 2013 que quisieran regresar a la plantilla en lugar de cobrar indemnizaciones.
Dicho aspecto significaría, en ese sentido, la suspensión del litigio judicial promovido en torno a los 66 despidos del ERE de 2013, declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce así para los afectados indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades.
La empresa, de cualquier modo, debe responder a esta última propuesta en la reunión que ambas partes celebrarán el próximo lunes, la última del periodo de consultas. En paralelo, los trabajadores de la base, acompañados de los alcaldes de Morón de la Frontera, Arahal y El Coronil, han celebrado a primera hora de este jueves una protesta a las puertas del recinto militar, esta tarde protagonizan una "donación colectiva de sangre" en Alcalá de Guadaíra y a primera hora de este viernes celebrarán una nueva concentración a las puertas del aeródromo militar.
EL CONFLICTO DE LA BASE Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.
