Sellos y firmas falsificadas para poder cobrar la dieta por asistencia a juicios, pese a que no acudían a ellos. Eso es lo que está investigando ya un juzgado de Sevilla, después de que la Fiscalía presentara una denuncia contra cuatro agentes de la Policía Local tras una intensa instrucción en la que se ha detectado un fraude que supera los 10.400 euros. Los denunciados llegaron a manipular más de 300 documentos judiciales para poder cobrar los 34,75 euros con los que se remuneraba la asistencia a juicio fuera del horario de servicio. De momento hay cuatro imputados, pero no se descarta que la cifra se eleve hasta los nueve.
Los hechos que la fiscal jefe, María José Segarra, ha puesto en conocimiento del juzgado son claros: los policías "presentaron justificantes de haber asistido como testigos a determinados juicios de faltas, solicitando las indemnizaciones pertinentes como consecuencia de haber asistido fuera de horas de servicio, cuando no había sido así". Una situación que entonces era remunerada con 34,75 euros, hasta que el Ayuntamiento cambió el sistema, comenzando a dar días de descanso a cambio. De esta forma, los cuatro agentes, todos ellos pertenecientes al Grupo Giralda de la Policía Local, llegaron a presentar hasta 301 partes de asistencia falsos tras descartarse "aquellos casos en los que no era posible acreditarse con absoluta fiabilidad su ausencia de la sesión de juicio oral". Por orden, los agentes cobraron 4.105,22 euros por 118 asistencias; 3.092,75 euros por 89; 1.980,75 euros por 57; y 1.285,75 euros por 37.
La investigación, iniciada por el Ministerio Público en abril de 2011 tras recibir la información de la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, determinó que el modus operandi "ha sido variable". Unas veces los agentes estaban citados a los juicios pero no asistían, pese a lo cual sellaban la autocitación judicial; otras, sin estar citados, "confeccionaban una cédula de autocitación y procedían a su sellado"; y por último, "estando o no citados", las certificaciones solicitadas a los juzgados "informan que no han comparecido", pese a que presentaron la citación sellada por el juzgado.
Para comprobar este extremo, la Fiscalía solicitó a todos secretarios de los juzgados de Instrucción que aportasen las certificaciones sobre la presencia de estos agentes a los juicios. Una extensa documentación que ha sido entregada al juzgado instructor dividida por carpetas según los juzgados, que han revisado los agentes del Grupo Especial de la Policía Local (Gepol), que han trabajado bajo las órdenes del Ministerio Fiscal.
Un sello falsificado. Los investigadores determinaron que en los justificantes aparece el sello del juzgado que celebra el juicio, aunque "escasamente aparece en él el dato de la fecha del estampillado". Los agentes investigados utilizaron un sello falso, "que parece que en su origen pudiera pertenecer al Juzgado de Instrucción número 18", y que aparece "hábilmente colocado, siempre encima del texto de la citación" para "hacer inviable la identificación del número del juzgado al que pertenece el sello". De esta forma, les "ha servido en numerosas ocasiones para acreditar falsas asistencias judiciales".
El sello se fue "manipulando con el paso del tiempo" y también se fue cambiando su ubicación en el folio, pues al principio "se hacía con toda naturalidad, sin ocultarlo intencionadamente", pero como siguieron utilizándolo "fue sometido a cierta manipulación para evitar, caso de ser detectado, no poder determinar el juzgado al que pertenece". Incluso hay tres documentos en los que al trasluz "se percibe el rascado" del papel, justo en el lugar en el que debe aparecer el número de juzgado en el sello.
Pero no queda ahí el fraude, ya que los agentes falsificaron firmas de secretarios judiciales, como ocurrió con un par de certificados de asistencia de los juzgados de Instrucción número 4 y 9, cuyos secretarios no las reconocen como suyas. En otros casos usaron una fotocopia en color. Por todo ello, la Fiscalía considera los hechos como un delito continuado de falsificación en documento oficial y otro de estafa.
