La Fiscalía ha mantenido hoy, en su informe de conclusiones definitivas, la petición de cinco años de cárcel para un acusado de estafar 837.638 euros a dos bancos ya que existen "pruebas de cargo abundantes" aportadas por los testigos que han declarado en el juicio y por la documentación existente.
En el juicio, que ha quedado visto para sentencia después de tres jornadas de vista oral, sólo ha declarado uno de los acusados porque el otro ha sufrido un infarto cerebral y una depresión severa que le han impedido asistir a los juzgados, por lo que será juzgado cuando mejore de sus enfermedades.
Al único acusado juzgado, H.L.A., de 27 años e hijo del otro imputado, la Fiscalía le acusa de ser autor como cooperador necesario en los delitos continuados de estafa y fraude, que cometió al elaborar en tres meses, entre octubre de 2000 y enero de 2001, diez documentos que sirvieron para culminar la estafa a El Monte y La General de Granada.
La Fiscalía sostiene que el acusado elaboró "un plan preconcebido para la ejecución de las operaciones ilícitas desarrolladas para mantener y continuar el engaño que se estaba produciendo con las facturas y operaciones que desarrollaba su padre", para lo que se falsificaron las firmas de 17 alcaldes o interventores municipales.
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía afirma que "no se puede dudar del delito de falsedad en documento público" porque los documentos fueron elaborados "expresamente para acreditar una relación jurídica inexistente" y obtener beneficios económicos.
El acusado dijo en su declaración que desconocía cómo funcionaba la empresa de mobiliario desde la que presuntamente se cometió la estafa porque era un "becario" dedicado a llevar cafés, ejercer de chófer y hacer fotocopias.
Sin embargo, la Fiscalía afirma que el acusado, según ha quedado acreditado por sus compañeros de trabajo, manejaba en su ordenador programas de gestión administrativa, hacía facturas y usaba regularmente un escáner que servía para falsificar los sellos y firmas de organismos oficiales con los que cobraban distintas cantidades a los bancos.
La acusación de la Fiscalía indica que uno de los acusados suscribió en 1997 una póliza con la entidad El Monte según la cual obtenía el descuento de las cantidades que le adeudaban ayuntamientos y organismos oficiales en los contratos de compra de material de oficina.
Guiado por su interés de obtener un "ilícito beneficio", según el fiscal, el acusado falsificó facturas, certificaciones y reconocimientos de deuda "que no correspondían a operaciones comerciales" y en las que imitó las firmas de los alcaldes, interventores o escaneó los sellos de los organismos oficiales.
Por este método, consiguió que el banco le anticipase los importes de facturas supuestamente presentadas por los Ayuntamientos gaditanos de Cortes de la Frontera y Castellar de la Frontera y los sevillanos de Alanís, Algámitas, Pruna, Morón de la Frontera, Santiponce, Mairena del Alcor y Las Cabezas de San Juan.
Asimismo, falsificó documentos de los Ayuntamientos malagueños de Arriate y Villanueva de Algaidas, y en Huelva del Ayuntamiento de Cortegana y de las Mancomunidades de Lepe-Isla Cristina y de la Sierra Occidental de Huelva.
