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La Fiscalía pide dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para Torrijos, Crespo y Castaño por la venta irregular del solar de Mercasevilla

El Ministerio reclama prisión también para el exdirector de la lonja, al que pide inhibilitarle durante 17 años, y deja fuera de la causa a los exgerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena.

el 17 nov 2014 / 13:02 h.

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Torrijos La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel y ocho años de inhibilitación para el ejercicio de cargo público para el ex teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, para el exconcejal del PSOE y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y para el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño por la venta irregular de los suelos de la lonja. El Ministerio Público les acusa de un delito de fraudes y exaciones ilegales; mientras que al exdirector del mercado Fernando Mellet le acusa también de prevaricación por lo que le reclama, además, otros nueve años de inhabilitación. El fiscal deja fuera a los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán. En su escrito de acusación, la Fiscalía sevillana reclama a la jueza Mercedes Alaya que siente en el banquillo de los acusados a diez de los dieciseis imputados por las irregularidades detectadas en el concurso público por el que Sando se adjudicó la venta del solar, un acto cuya anulación también reclama el fiscal. De esta forma, el Ministerio Público acusa de fraudes y exaciones ilegales a Fernando Mellet, a Antonio Rodrigo Torrijos, a Gonzalo Crespo, Domingo Enrique Castaño, al exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero y a la exdirectora de Vía Pública María Victoria Bustamante; mientras que considera cooperadores necesario de este delito el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; y el vicepresidente, Luis Sánchez Manzano; así como al economista José Antonio Ripollés. Asimismo, a Mellet le considera autor de un delito de prevaricación y a Sánchez Manzano cooperador necesario del mismo. De esta forma, quedan fuera de este causa son el adjunto de Mellet Daniel Ponce, y los dos exgerentes de Urbanismo Marchena y Millán; la exjefa de Licencias María Isabel Evans y la subjefa de este departamento Emilia Barrial; y el arquitecto Tomás Balbotín. El fiscal recuerda que todo comenzó en 2003, cuando Mercasevilla, "como vía para obtener recursos económicos que aliviaran su difícil situación económica", suscribió con Larena 98 un derecho de superficie sobre parte del suelo de la lonja, obligando a esta empresa a pagar un canon mensual de 58.738 euros. Larena quería construir naves en la zona, pero ante los problemas para obtener la licencia y la falta de acometida de luz eléctrica dejó de pagar el canon e interpuso un pleito a Mercasevilla "por incumplimiento de contrato". Mellet y Castaño, ante la falta de acuerdo con Larena, "contactaron con la empresa Sando, que tenía interés puesto ya que era conocedora del posible traslado de Mercasevilla a otros terrenos, lo que generaría una nueva bolsa de suelo para construir en Sevilla". Por ellos, los acusados "pactaron con Sando" que a través de su filial Sanma se haría cargo de la reclamación económica de Larena, lo que pondría fin al pleito. Así, se subrogaría en el derecho de superficie y a cambio, "Mercasevilla les adjudicaría directamente un derecho de opción de compra sobre los terrenos". Las dos empresas firmaron un protocolo donde se recoge "el precio final de los terrenos y que la cantidad que Sando pagara a Larena se descontaría del precio final". En julio de 2005, Sando pagó 1.080.000 euros a Larena, pero la segunda parte del acuerdo no se pudo cumplir, por "la resistencia que Mellet, Castaño, Torrijos y Crespo encontraron en los restantes miembros del consejo de administración" a la adjudicación directa de los terrenos. "Por lo que los acusados convencieron a los demás al menos para que el sistema de venta fuera el concurso y no la subasta". Fue entonces cuando los acusados encargaron la elaboración del pliego Piñero, Bustamante y Ripollés, quienes "confeccionaron un pliego a medida de los intereses de Sando". Al final se presentaron al concurso un total de ocho empresas, que no se ajustaron a las cláusulas recogidas y que "beneficiaban" a Sando. Ripollés y Bustamante se encargaron de la valoración de las ofertas, "lo que hicieron a favoreciendo los intereses de Sando". El 13 de febrero de 2013 la Mesa de Contratación propuso a la Comisión Ejecutiva que elija la oferta de Sanma, "cosa que la Comisión hace en fecha 15 de febrero de 2006". Así, Mellet y Sánchez Manzano firmaron días después "el contrato de opción de compra, cumpliendo así los acusados que tenían con Sando".

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