Desde 75.000 hasta 570.000 euros. Todas las acusaciones personadas en la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) coincidieron ayer en solicitar a los 14 intrusos que ya han declarado como imputados una fianza para "asegurar las responsabilidades civiles". Las cantidades varían en función de lo que percibieron de las pólizas pagadas con dinero público y se corresponden "como mínimo" con lo recibido. La Fiscalía cifra el total en 2,8 millones, mientras que la Junta de Andalucía y el resto de acusaciones la elevaba a 3,3 millones de euros.
Sin embargo, la última palabra la tiene la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso. Y es que tras escuchar a todas las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 tendrá que dictar un auto -la duda es si lo hará antes de las elecciones del domingo- en el que resuelva si procede o no en este momento o, si como ya dijo la propia magistrada en un auto reciente, se debería adoptar más adelante.
La Fiscalía fue la primera en intervenir en la comparecencia, en la que había casi una treintena de abogados, aclarando que su intención con esta medida es el "aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles derivadas de los distintos actos ilícitos que se les ha imputado". Por el momento, la cantidad que reclama el fiscal, que asciende a los 2.850.000 euros, "atiende al conocimiento actual de los hechos", por lo que aclaró que las medidas cautelares que se puedan reclamar más adelante "puedan ser aumentadas si se descubrieran nuevos enriquecimientos ilícitos".
La mayor cuantía que reclama la Fiscalía es de 570.000 euros a Antonio Arquero García, amigo del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero, el principal imputado al ser el que disponía del denominado "fondo de reptiles", ya que ambos son originarios de la localidad sevillana de El Pedroso. En su declaración judicial, Arquero reconoció haber recibido 314.000 euros, con los que se quitó la hipoteca de su piso y restauró la casa que tenía en su pueblo. A él, le sigue la fianza que le reclaman a Alejandro Millán, de 450.000 euros, un militante socialista de El Pedroso y amigo de Guerrero. Al exalcalde de dicha localidad Rafael Rosendo, cuyas empresas también están bajo sospecha por supuestas irregularidades en el cobro de ayudas públicas, la Fiscalía le solicita 150.000 euros. Además, el fiscal reclama a las aseguradoras que "retanga" los pagos pendientes.
Por su parte, la Junta de Andalucía se adhirió por completo a la petición del Ministerio Público, aunque elevó su petición a los 3.295.000 euros, al aumentar las fianzas a tres intrusos. Uno de ellos es Juan Manuel López, a quien le solicita la Junta 150.000 euros, uno de los cuñados del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, que también está imputado en la causa. Ni a Rivas, ni al exconsejero de Empleo Antonio Fernández se la ha reclamado fianza al no haber declarado aún ante la jueza.
El resto de acusaciones se adhirieron a la petición de la Junta, entre ellos, el PP que añadió el que además de retener a los intrusos los futuros pagos, estros "sean ingresados en la cuenta del juzgado". Las defensas de los imputados se opusieron. El exalcalde de el Pedroso fue uno de los que alegó que "no puede ser calificado como un intruso" y recordó que él "ha consignado voluntariamente" la cantidad que percibió. Otros, como Carmen Fontela, argumentaron que "no está demostrado que haya percibido para sí cantidad alguna".
Por otro lado, los trabajadores prejubilados con pólizas en la aseguradora belga Apra Leven, en quiebra, dieron de plazo a la Junta hasta hoy para que dé una respuesta, ya que no están percibiendo las cantidades acordadas o el lunes comenzarán con un calendario de movilizaciones.
Chaves apunta “al despacho de Zoido”
El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró ayer que si alguien quiere saber algo del expediente de regulación de empleo (ERE) de la Faja Pirítica de Huelva “tiene que acudir al señor Juan Ignacio Zoido”, ya que, según dice, “fue precisamente en su despacho donde se elaboraron las listas de las personas que podían verse afectadas por el ERE”.
Chaves emplazó a preguntar al popular Zoido, ya que por aquel entonces era el delegado del Gobierno en Andalucía y “fue precisamente en su despacho donde se elaboraron las listas de las personas que podían verse afectadas por los ERE de las empresas de la Faja Pirítica”. La jueza ha reclamado información sobre este expediente en su último auto.
Un escrito que recurrirá la Junta y que también señala al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien rehusó ayer valorarlo.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró “francamente ridículo” que el presidente Griñán y su antecesor Manuel Chaves –a los que tildó como “artífices” del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)– se intenten presentar como “víctimas”, cuando, en su opinión, las únicas víctimas son “los parados y los trabajadores, cuyos fondos se han despilfarrado”.
Además el PP-A trasladó ayer al juzgado un nuevo escrito en el que asegura tener “constancia” de que el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en calidad de consejero de Economía y Hacienda en 2008, “autorizó y elevó al Consejo de Gobierno para su aprobación transferencias de financiación al IFA y/o IDEA, especialmente para el programa 31L”, partida también conocida como fondo de reptiles.
Como prueba, según explicó en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, los populares presentan copia de modificaciones presupuestarias firmadas por Griñán por valor de 6.011.826 y 1.253.853 euros y que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en diciembre de 2008. Con anterioridad ya habían señalado estos documentos en el Parlamento.
