martes, 19 febrero 2019
19:26
, última actualización
Local

La Fiscalía ve un nuevo urbanismo ilegal con casas prefabricadas

La memoria de los fiscales especializados en medio ambiente alerta de la "proliferación" de urbanizaciones de este tipo de construcciones con voluntad de permanencia en zonas como la playa de Matalascañas o el Parque del Estrecho.

el 25 may 2010 / 21:12 h.

TAGS:

Las infraestructuras de las casas prefabricadas indican su voluntad de permanencia.
La red de fiscales especializados en delitos urbanísticos destaca, en su memoria de 2009, una mayor conciencia en los ayuntamientos para perseguir y denunciar las construcciones ilegales. Frente al descenso de 2008 por la crisis del ladrillo, las causas incoadas han aumentado, en parte por ese mayor control. Sin embargo alertan de nuevas estrategias para burlar la legislación en materia de ordenación del territorio y en concreto aluden a la "proliferación" de auténticas urbanizaciones de casas prefabricadas con vocación de permanencia incluso en espacios protegidos como el Parque Natural del Estrecho.

 

El fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo y patrimonio de Cádiz reseña la "creciente tendencia de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas del Parque Natural y en terreno no urbanizable" no fijadas al terreno sobre plataformas de hormigón pero equipadas con infraestructuras de agua y luz que hacen su movilidad "relativa" e indican una "vocación de permanencia" cuyo fin es "eludir las consecuencias penales". "El efecto práctico es que el uso de la casa es permanente y con vocación de permanencia futura y el impacto medioambiental que este tipo de viviendas está representando es muy importante", concluye.

Su colega de Huelva alerta del "aumento de supuestos donde se colocan casas prefabricadas de madera o similar en parcelas de suelo rústico" y alude a casos en la playa de Matalascañas y al "ejemplo más extremo" detectado por el Seprona de "una finca en Villalba del Alcor donde existían más de una decena de estas casas y se estaban empezando a construir piscinas".

La memoria insiste en reclamar unos criterios homogéneos entre tribunales a la hora de enjuiciar estos delitos -el fiscal de Córdoba alude a un intento fracasado en su provincia- porque la heterogeneidad actual genera "incertidumbre e inseguridad jurídica". Y denuncia la falta de medios personales y técnicos como peritos para hacer informes sobre causas muy complejas.

Pero su principal crítica es que, si bien hay más disponibilidad en los jueces a ordenar la paralización cautelar de edificaciones bajo sospecha, llegan tarde con las obras casi culminadas.

Las condenas que incluyen la orden del derribo son aún escasas y las que se dictan son difíciles de ejecutar. Son prácticamente inexistentes los casos en los que el promotor o propietario condenado se hace cargo, especialmente los extranjeros que las tienen como segundas residencias por la dificultad de hacerles llegar los avisos y fallos judiciales. La Fiscalía también revela que los ayuntamientos tienden a dilatarlo y eludir hacerlo.

La memoria destaca la frecuente implicación de alcaldes y concejales en este tipo de delitos y da cuenta exhaustiva de casos como el de Atarfe (Granada) -cuyo regidor burla la ley usando el instrumento del estudio de detalle para modificar los planes parciales- o la imputación de cuatro regidores de Jaén por prevaricación o la omisión del deber de perseguir el delito. Pero advierte "cierto retraso en el enjuiciamiento" de delitos cometidos por autoridades o que afectan a promociones múltiples de viviendas. El fiscal de Almería da un dato:en 34 procedimientos abiertos con 14 alcaldes implicados y seis autoridades municipales aún no hay ningún regidor enjuiciado.

El ministerio público también ve en los regidores "modus operandi" coincidentes para modificar el planeamiento sin control en base a determinados intereses e, incluso, para legalizar construcciones doblegándose a la presión ejercida desde grupos de propietarios constituidos en auténticos "lobbys".


  • 1