El fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo y patrimonio de Cádiz reseña la "creciente tendencia de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas del Parque Natural y en terreno no urbanizable" no fijadas al terreno sobre plataformas de hormigón pero equipadas con infraestructuras de agua y luz que hacen su movilidad "relativa" e indican una "vocación de permanencia" cuyo fin es "eludir las consecuencias penales". "El efecto práctico es que el uso de la casa es permanente y con vocación de permanencia futura y el impacto medioambiental que este tipo de viviendas está representando es muy importante", concluye.
Su colega de Huelva alerta del "aumento de supuestos donde se colocan casas prefabricadas de madera o similar en parcelas de suelo rústico" y alude a casos en la playa de Matalascañas y al "ejemplo más extremo" detectado por el Seprona de "una finca en Villalba del Alcor donde existían más de una decena de estas casas y se estaban empezando a construir piscinas".
La memoria insiste en reclamar unos criterios homogéneos entre tribunales a la hora de enjuiciar estos delitos -el fiscal de Córdoba alude a un intento fracasado en su provincia- porque la heterogeneidad actual genera "incertidumbre e inseguridad jurídica". Y denuncia la falta de medios personales y técnicos como peritos para hacer informes sobre causas muy complejas.
Pero su principal crítica es que, si bien hay más disponibilidad en los jueces a ordenar la paralización cautelar de edificaciones bajo sospecha, llegan tarde con las obras casi culminadas.
Las condenas que incluyen la orden del derribo son aún escasas y las que se dictan son difíciles de ejecutar. Son prácticamente inexistentes los casos en los que el promotor o propietario condenado se hace cargo, especialmente los extranjeros que las tienen como segundas residencias por la dificultad de hacerles llegar los avisos y fallos judiciales. La Fiscalía también revela que los ayuntamientos tienden a dilatarlo y eludir hacerlo.
La memoria destaca la frecuente implicación de alcaldes y concejales en este tipo de delitos y da cuenta exhaustiva de casos como el de Atarfe (Granada) -cuyo regidor burla la ley usando el instrumento del estudio de detalle para modificar los planes parciales- o la imputación de cuatro regidores de Jaén por prevaricación o la omisión del deber de perseguir el delito. Pero advierte "cierto retraso en el enjuiciamiento" de delitos cometidos por autoridades o que afectan a promociones múltiples de viviendas. El fiscal de Almería da un dato:en 34 procedimientos abiertos con 14 alcaldes implicados y seis autoridades municipales aún no hay ningún regidor enjuiciado.
El ministerio público también ve en los regidores "modus operandi" coincidentes para modificar el planeamiento sin control en base a determinados intereses e, incluso, para legalizar construcciones doblegándose a la presión ejercida desde grupos de propietarios constituidos en auténticos "lobbys".
