La crisis del pepino, al igual que en su día la del pimiento o la del aceite de orujo, revela con toda su crudeza la fragilidad de la industria del campo andaluz ante cualquier información o rumor, infundado o no, que la vinculen con enfermedades. El principio de protección de la salud prima, por supuesto, sobre el de los intereses económicos, pero cabría preguntarse si los errores de los diagnósticos, en este caso de las autoridades sanitarias de Hamburgo, no deberían acarrear indemnizaciones por parte del Estado de Alemania hacia los agricultores andaluces más allá de las ayudas -con cargo a las arcas de toda la Unión Europea- que Bruselas plantea, lo mismo que los errores médicos terminan en los tribunales con demanda económicas -e incluso punibles- de por medio.
Esa precipitación con la que se ha actuado desde Hamburgo, que aunque no concretó cuál era el origen de la contaminación sí detalló el origen de los pepinos, se comprende ante el agobio de unas autoridades alemanas sorprendidas por la virulencia del mal y la razonable urgencia de la ciudadanía por saber los porqués. Pero si tan claro lo tenían, más que en la prensa y en mostrar su rapidez y diligencia podían haber confiado en la red de alerta sanitaria de la Unión Europea -que para algo está- y no actuar por su cuenta, porque si se demuestra que, al final, todo fue una equivocación, ¿quién lavará la imagen exterior del agro andaluz?
En esta polémica, asimismo, tercian los intereses económicos no ya de Andalucía, sino de agriculturas de otras naciones tanto comunitarias como de fuera de la UE. De hecho, la comunidad es la primera que coloca sus hortalizas en Europa -la razón, su climatología- y que en este mes comienzan las cosechas de países competidores que, por cierto, no pocas veces han tirado las españolas por el suelo. Por eso, cualquier noticia que nos venga mal se magnifica, y cuanto más lejos llegue, peor.
La trazabilidad exigida a los productores -por la que son capaces de identificar de qué finca procede una partida y en la que se ha trabajado mucho en la comunidad- debería ser igual de estricta cuando los alimentos llegan al supermercado o hipermercado, dado que también aquí existen procesos previos a la venta al público en los que podrían colarse agentes dañinos para la salud. Aunque, eso sí, a la distribución comercial le sobra lo que le falta al agro andaluz, poder, y tiene gran habilidad, por tanto, a la hora de sacudirse las culpas.
Y a falta de semejante poder, al campo sólo le cabe un control mayor de sus propias ventas al exterior -en frutas y hortalizas, 1.800 millones de euros durante 2010- para, de esta forma, no perder la vigilancia del producto hasta que éste llegue a las puertas del súper y decir has sido tú aunque sea yo el que siembre.
