-->-->-->El juez sustituto en el caso de los ERE, Iván Escalera, decretó ayer el secreto de sumario a petición de la Guardia Civil por el plazo de un mes. La decisión del magistrado que suple a la jueza Mercedes Alaya, de baja por enfermedad, se adopta después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya ampliado las investigaciones y estudie nuevas imputaciones por cohecho, blanqueo y asociación ilícita. La decisión se toma para evitar la destrucción de pruebas y para proteger a personas investigadas que no están imputadas. La noticia disparó ayer la rumorología en el ámbito judicial y político, aunque no han trascendido datos fiables de hacia dónde se dirige la investigación. Diversas fuentes apuntaron que se han registrado varios despachos de abogados que no figuraban en la trama. Otras fuentes, con intereses políticos, señalan que la investigación se estrecha sobre empresarios de la Sierra Norte y el entorno del diputado socialista y exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Si finalmente se produjera su imputación el caso debería de ser trasladado al Supremo por su condición de aforado.
Según el escrito del juez, el secreto total en la instrucción se impone "ante la posibilidad de que el conocimiento de los hechos expuestos" por la Guardia Civil, "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales, y de las personas implicadas, podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba", informa Europa Press. Los nuevos delitos investigados son cohecho, blanqueo y asociación ilícita, lo que supone un paso más en el presunto fraude. Escalera ya ha adoptado otras decisiones como la de rebajar a 50.000 euros la fianza al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que abonó dicha cantidad y pudo abandonar la cárcel.
El caso ERE, la supuesta trama tejida con ayudas públicas de Empleo de la que se pudieron beneficiar ilícitamente durante diez años amigos, familiares y afines al PSOE, avanza en los tribunales y también en el ámbito político. Mañana viernes expira el plazo para que los grupos políticos presenten sus conclusiones tras la comisión de investigación en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas por un presunto fraude que excede los mil millones de euros. Los primeros en presentar públicamente sus conclusiones fueron los diputados del PP. El portavoz popular, Carlos Rojas, acompañado por los diputados Rafael Salas, Rafael Carmona y Teresa Ruiz Sillero -miembros de la comisión parlamentaria- confirmó que el PP pedirá la dimisión del presidente José Antonio Griñán, y de su antecesor, Manuel Chaves. Junto a ellos, piden la dimisión de otros 14 exaltos cargos. Apuntan a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; a los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas y a los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Asimismo, como responsables de la agencia pública IFA, después IDEA, señalan a los exconsejeros Francisco Vallejo y Martín Soler. Del actual Gobierno piden la dimisión de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. También piden dimisiones a los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.
El portavoz del PP-A consideró probado que en el Gobierno, durante diez años, "se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente". Esa trama, tenía un fin político -agregan los populares- y de ella "se beneficiaron los propios miembros del Gobierno andaluz, amigos y familiares afines al PSOE, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros y comisionistas". "Esto no era cosa de cuatro golfos", insistió Rojas. El PP no despejó si apoyará un dictamen que no apunte tan alto y centró sus avisos en IU. Rojas reclamó a los socios del PSOE "coherencia" y que no decepcionen a sus militantes. "Confío en que no prefieran un pacto de poder y sus sillones a conocer toda la verdad", incidió el popular, convencido de que si no llegan a lo más alto serán "corresponsables" y "cargaran en su mochila la corrupción socialista".
