El cerco al diputado socialista José Antonio Viera se estrecha a quince días de que se inicie la campaña electoral. La Guardia Civil está "realizando un estudio detallado" de las ayudas que éste otorgó como consejero de Empleo dentro de la investigación abierta por los irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), después de que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso, aseguró en su última declaración ante los agentes que fue quien "promovió" las subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La jueza ya ha imputado al exconsejero Agustín Barberá, que también fue señalado por Guerrero.
Viera "jugó un papel esencial" en la concesión de ayudas a estas empresas, es la conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio remitido ayer a la magistrada Mercedes Alaya. En el mismo, los investigadores detallan que Guerrero destacó en su declaración del martes que Viera "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas", sino que tenía "especial interés" en las vinculadas a la entidad Matadero de la Sierra Morena, SAT Virgen del Espino y Almazara de Guadalcanal. "Hay que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma" fue la directriz que, según Guerrero, recibió del entonces consejero de Empleo.
Y es que gran parte de la declaración del martes del exdirector general de Trabajo estuvo centrada en estas empresas y el papel que jugó Viera y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a quien Alaya imputó ayer. Pero, no son los únicos, pues en la declaración también aparecen los nombres de los exdiputados autonómicos Ramón Díaz, que fue asesor de la Dirección General de Trabajo, y José Caballos, que presidió la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte.
A la Guardia Civil le sorprende que de los 60 millones de euros que Guerrero otorgó como ayudas directas a empresas entre 2001 y 2008, "unos 30 millones" se destinaran a la Sierra Norte y, especialmente, a El Pedroso, localidad de la que es natural el exdirector general.
Guerrero reconoce "que está muy vinculado" con esta zona, en la que, además "había empresas cuyos dirigentes mantenían una relación de simpatía con Viera, motivo por el cual se produjo ese desequilibrio". De hecho, afirma que el consejero de Empleo "es quien dirige realmente la política de concesión de ayudas y, Viera, tenía un especial interés en otorgarlas a empresas de la Sierra Norte" y, en concreto, a las tres ya citadas. Estas empresas y otras, que también se beneficiaron de ayudas, son propiedad de los exediles socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, a quienes Guerrero conoce "desde niños" por la "amistad" que tiene con sus padres.
El último de ellos es hijo del exalcalde del citado municipio Rafael Rosendo, imputado en el caso por aparecer como intruso en el ERE de Cydeplast, y, según Guerrero, es amigo de Viera, quien solía ir a la Sierra Norte "a cazar" y tenía "amigos que eran maestros". Además, "su pareja sentimental era ATS de la zona. En definitiva, un habitual de la Sierra Norte".
El exdirector general también afirmó que el proyecto del Matadero fue propuesto por la Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso, ente que recibió 900.000 euros en ayudas, "a través de Rosendo y Sayago" que le presentaron la idea a Viera, quien le dijo "que este proyecto tenía que salir". Sobre el conocimiento que Díaz y Caballos tenían de estos movimientos, Guerrero destacó que el primero estaba con él "en todas las reuniones de negociación", mientras que del segundo sólo señaló que "era muy amigo" de Rafael Rosendo.
La Guardia Civil también le preguntó por otras empresas de la Sierra Norte cuyos propietarios reconoció que o bien eran "amigos" o personas cercanas, como el marido de una de sus secretarias. Igualmente, los agentes le cuestionaron por las ayudas que otorgó al chófer Juan Francisco Trujillo, quien declaró que gastó una parte en "cocaína para ambos". Guerrero dijo que cuando recibió las solicitudes "desconocía que él fuera socio de esas empresas".
La jueza ha citado al chófer a declarar el 20 de marzo, a cinco días de las elecciones autonómicas. En el auto, también cita a responsables de algunas empresas investigadas, a un sindicalista de CCOO y al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.
En el auto, Alaya vuelve a arremeter contra la Junta y la acusa de "obstaculizar la investigación" por no enviarle cierta documentación y por aportarle informes "cuya comprensión resulta imposible". Un extremo que la Junta negó, apelando a la propia "complejidad administrativa" de los documentos y al volumen de la información, pues ha entregado más de 200.000 folios.
