El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha pedido la detención del presidente de Sudán, Omar al Bachir, acusado de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur. La Ejecutiva sudanesa desautorizó al Tribunal alegando que no aceptó incorporarse a él.
"Sudán no aceptó incorporarse a la CPI, por lo que ésta no tiene ninguna autoridad legal sobre el gobierno o los habitantes de Sudán", aseguró ayer en rueda de prensa el vicepresidente sudanés, Ali Ozman Mohamed Taha.
Aunque el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor ya fueron inculpados por Tribunales internacionales, es la primera vez que una Corte permanente acusa a un mandatario en funciones.
La fiscalía de la CPI sostiene que Al Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de Darfur.
La acusación contempla diez cargos contra Al Bachir: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso, daño psicológico y violación.
Para Moreno Ocampo, las etnias fur, masalit y zaghawau "constituían una amenaza contra el poder" de Al Bachir que "tenía intención de cometer genocidio", aunque la motivación de sus actos fuese el "control de su poder".
Bajo las órdenes de Al Bachir, al que acusó de haber instaurado la milicia Yanyahuid en el país, se atacó primero las tierras de esas tres etnias y luego, se les atacó en los campos de detención, donde, el también inculpado por la CPI, el secretario de Estado de Asuntos Humanitarios, Ahmad Mohamed Harun, les privó "de medios y de condiciones".
Moreno Ocampo puntualizó que aunque los muertos en Darfur suman entre 180.00 y 300.000, "las víctimas de genocidio son 2,5 millones".
Moreno Ocampo ha presentado a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, ya que según la Corte, son ellos los que deben emitir una orden de arresto.
Los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas son una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto solicitada por la fiscalía.
