Después de pasar más de un año recluida en la República Dominicana, por problemas con la Justicia, la hija de Carmen Fernández -la mujer que fue indemnizada con 1,7 millones de euros por la retirad de sus hijos- ha regresado a España para continuar aquí cumpliendo condena. Sara, de 17 años, se encuentra desde julio en un centro de menores de Madrid.
La hija de 17 años de Carmen Fernández, la mujer que fue indemnizada en 1,7 millones de euros por la retirada irregular de sus hijos, ha sido trasladada desde la República Dominicana a España para concluir en un Centro de Menores de Madrid la condena que pesa sobre ella.
Fuentes del caso explicaron ayer que Sara llegó a Madrid a mediados de julio pasado, tras permanecer desde mayo de 2007 presa en la República Dominicana tras ser detenida junto con su novio.
La joven, que cumplió 17 años en febrero pasado, es heredera junto a sus tres hermanos de 1,7 millones de euros concedidos por los tribunales a su madre, fallecida en diciembre de 2007, como indemnización por la retirada irregular de la tutela de sus hijos pequeños, Iván y Sara, por parte de la Junta de Andalucía en 1996.
En septiembre de 2004, Sara abandonó voluntariamente a sus padres de acogida en Dos Hermanas y se trasladó a Madrid a vivir con su madre. Sin embargo, se emancipó de la misma meses antes de su fallecimiento y se marchó a la República Dominicana.
Poco después, desde junio de 2007, su familia de acogida sevillana y su hermano perdieron todo contacto con ella, ya que dejó de contestar al teléfono móvil, y fue entonces cuando se enteraron de que había sido detenida y encarcelada. Tras numerosas gestiones burocráticas, la joven fue trasladada a mediados de julio a España y quedó internada en un centro de menores de la Comunidad de Madrid para concluir su condena.
La Junta de Andalucía retiró a Carmen sus hijos Sara e Iván en 1996, cuando tenían 4 y 5 años, porque sufría un alcoholismo del que se recuperó. Inició entonces una batalla judicial que le llevaron a lograr varios fallos judiciales a su favor, pero que nunca se pudieron ejecutar. El Juzgado de Familia estableció entonces una indemnización de 72.000 para la madre ante la imposibilidad de recuperar a sus hijos.
La Audiencia de Sevilla, en la mayor cuantía concedida hasta ahora por este tipo de asuntos, otorgó a Carmen un amplio abanico de indemnizaciones que tuvo en cuenta el cáncer de pulmón que padecía y que los jueces consideraron "consecuencia directa o indirecta del sufrimiento soportado" y, por lo tanto, "lesión sufrida de manera ilegítima".
Así, revocaron la sentencia anterior y fijaron la indemnización en 1,7 millones de euros. La Junta recurrió y el Tribunal Constitucional le dio la razón, pero la sentencia llegó tras su muerte.
